Un juez de Control local giró una tercera orden de aprehensión en contra del ex Gobernador Roberto Sandoval por peculado, ejercicio indebido de funciones y por tres hipótesis de delito electoral, informó la Fiscalía de Nayarit.
En un comunicado, advirtió que podría enfrentar una sanción de hasta 28 años de prisión, inhabilitación y reparación del daño por aproximadamente 152 millones de pesos.
Señaló que se trata de una carpeta de investigación que se inició ante la Fepade por diversos partidos políticos relacionada con un audio en la que daba instrucciones para que cuando entregaran apoyos de un programa social mencionaran su nombre, pero después se promocionara al entonces candidato priista a la Gubernatura, Manuel Cota Jiménez.
«En el mes de noviembre de 2017, el entonces Fiscal de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, solicitó apoyo a esta Fiscalía para culminar actos de investigación porque según su criterio ya estaba lista la carpeta para judicializar al ex Gobernador y a otras personas por delitos electorales, lo que no pudo hacer porque fue removido del cargo», indicó.
«El nuevo titular de Fepade se declaró incompetente y mandó la carpeta a esta Fiscalía, donde se trabajó durante dos años, realizando más de trescientos actos de investigación hasta conformar veinticinco tomos, con cuya información se solicitó la correspondiente orden de aprehensión».
De acuerdo con la dependencia, se acreditó que del 2013 al 2017, el programa de seguro alimentario PROSA operó mediante una organización formada por coordinadores, gestores y jefes de familia Prosa.
Esto, añadió, con base en una estructura personal y familiar de Sandoval Castañeda, conformada por su círculo familiar, sus principales subalternos y operadores políticos, diputados locales y federales, todos integrantes del PRI; delegados federales e incluso Magistrados, titulares de instituciones u organismos autónomos, quienes tienen en común que fueron propuestos o designados en sus cargos por el ex Mandatario.
«Se logró acreditar ante el juez que en la práctica se desvió el fin del programa y se utilizó como un mecanismo de obtención de recurso público (lo presupuestado) y la captación de recurso de nómina de servidores públicos (capítulo 1000), a los que se les descontaba -en la mayoría de las veces- sin su consentimiento, todo con el fin de utilizarlo para beneficio del propio ex Gobernador, de otros servidores públicos, y/o para la entrega de despensas alimentarias con el fin de mantener una estructura política leal al grupo de Roberto Sandoval Castañeda».
Lo anterior, denunció, desde su comienzo en 2013 y hasta las elecciones de 2017 que fue utilizado para la campaña de Cota Jiménez para Gobernador.
