El consultor Luis Eduardo Álvarez Puga, quien en el pasado fue investigado por asesorar empresas que defraudaban al fisco mediante esquemas de outsourcing, presentó un amparo contra una posible orden de aprehensión girada por delitos federales.
Breyman Labastida Martínez, Juez Sexto de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México, admitió su demanda y en un principio le otorgó la suspensión de plano y provisional contra cualquier mandamiento privativo de libertad, según registros judiciales.
Las primeras autoridades judiciales y ministeriales que fueron requeridas por el juez negaron la existencia del mandamiento de captura, razón por la que negó la suspensión definitiva en contra de ellas, al no haber un acto del que debiera ser protegido el quejoso.
Al parecer no todos los juzgados y áreas ministeriales han reportado si existe o no la orden de aprehensión, pues el juez Labastida dejó pendiente celebrar el próximo lunes 21 de diciembre una audiencia para resolver si le daba la suspensión definitiva por otros motivos.
A Álvarez Puga se le fijó el pago de una garantía de 7 mil 500 pesos cuando se le concedió la suspensión inicial, aunque el juez le precisó que dicha protección judicial no iba a evitar que fuera privado de su libertad en caso de haber una orden de captura por un delito con prisión preventiva de oficio, las cuales no pueden suspenderse mediante amparos.
El 22 de abril de 2010 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) catearon las oficinas del despacho de abogados y contadores Álvarez Puga y Asociados, del cual el ahora solicitante del amparo era uno de los responsables.
El SAT señaló en ese entonces que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.
«Estos esquemas abusivos de sustitución laboral consisten en transferir a los trabajadores de las empresas a sociedades cooperativas, sociedades en nombre colectivo, empresas integradoras e integradas con el propósito de evitar el pago de reparto de utilidades, impuestos federales y locales así como contribuciones de seguridad social», apuntó.
A pesar de dicha investigación, nunca trascendió que la PGR ejerciera la acción penal contra Álvarez Puga.
