El magistrado José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, intentó revivir el bono extraordinario para los trabajadores de ese organismo, que ya había sido rechazado, y propuso que la Comisión de Administración revisara nuevamente y aprobara esa partida, pero lo frenaron.
Intentó que la Comisión de Receso, que atiende asuntos urgentes durante las vacaciones del personal judicial, aprobara el bono -del que están excluidos los magistrados- en una sesión virtual celebrada el pasado lunes.
Sin embargo, Loretta Ortiz, representante del Consejo de la Judicatura, no estuvo de acuerdo con la propuesta de Vargas y del magistrado Felipe Fuentes.
De acuerdo con fuentes judiciales, recordó que el tema ya había sido discutido y rechazado en la sesión del 14 de diciembre.
De manera regular, la Comisión de Receso opera con cinco integrantes: dos magistrados y tres consejeros de la Judicatura. En la sesión del lunes participaron solo Vargas, Fuentes y Ortiz.
Las fuentes estimaron en alrededor de 70 millones de pesos el costo del bono rechazado, monto que deberá ser reintegrado a la Tesorería.
Más personal
La Comisión de Receso aprobó, sin embargo, la contratación por parte del Tribunal de personal adicional para el próximo año, ante la perspectiva de un incremento en las cargas de trabajo por los procesos electorales federal y estatales.
Así, el Tribunal podrá ocupar alrededor de 250 nuevas plazas temporales. Cada uno de los siete magistrados de la Sala Superior podrá disponer a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021 de 10 nuevas contrataciones, con todas las prestaciones de ley y las que reciben los trabajadores del Tribunal, incluyendo gastos médicos mayores y seguro de separación, entre otras.
Estas plazas se suman a las que están asignadas a las ponencias de cada magistrado de la Sala Superior de manera permanente, que son 40.
También se aprobaron 18 plazas adicionales para cada una de las salas regionales de Guadalajara, Monterrey, Toluca, Xalapa y Ciudad de México y para la Sala Especializada, así como 23 plazas de apoyo por los procesos electorales del 2021.
La Comisión aprobó además el tabulador de sueldos, sin cambios, y la estructura orgánica del Tribunal para 2021, con algunos ajustes.
Avaló, a propuesta de Vargas, una nueva jefatura de unidad con el nombre de Vinculación Social y Protocolo, para reorientar y fortalecer la imagen institucional del Tribunal.
Al frente de esa dependencia quedó Gloria Nayeli Martínez Mendoza, quien ha desempeñado cargos administrativos, entre ellos en la dirección general de Relaciones Internacionales del organismo.
De acuerdo con las fuentes judiciales, en la sesión del lunes volvió a abordarse el tema del presupuesto relacionado con los organismos electorales internacionales, y resurgieron las dudas sobre la pertinencia del pago a proyectos como los vinculados, entre otros, con el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).
