La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la Administración anterior dejó una deuda de 727 millones 867 mil pesos en la Secretaría de Cultura (SC), correspondiente al ejercicio fiscal 2018, pagada irregularmente el año siguiente.
Este sábado, la ASF realizó el tercer informe de la Cuenta Pública 2019, en el que señala las faltas tanto de la SC del sexenio anterior, cuya titular era María Cristina García Cepeda y, la actual, con Alejandra Frausto a la cabeza.
«La Secretaría pagó 727.9 mdp con recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2019, erogaciones de egresos de ejercicios anteriores sin contar con la autorización correspondiente, además de no proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara la recepción de los bienes y servicios que originaron dichos pagos», dictaminó.
El año pasado, García Cepeda y otros funcionarios de su gestión fueron inhabilitados por 10 años al ser encontrados responsables de daño al erario por erogar recursos para un recinto nunca concluido, el Museo de Museos.
Además de la deuda heredada desde el 2018, la auditoría de Gestión Financiera de la Secretaría de Cultura en el 2019 encontró que, en general, la Secretaría de Cultura no cumple con las disposiciones legales y normativas en el aspecto financiero.
En su revisión, la ASF también encontró que la dependencia federal pagó 657 millones de pesos a 16 personas morales, tanto públicas como privadas, por la prestación de servicios que no quedaron debidamente justificados ni comprobados.
Asimismo, detectó que la SC pagó 84 millones de pesos en concepto de nóminas a trabajadores en plazas no autorizadas.
De igual manera, se muestra que la Secretaría pagó 1.4 millones de pesos adicionales con respecto a lo aprobado en el arrendamiento de bienes inmuebles.
Con respecto al Programa Nacional de Reconstrucción, echado a andar tras los sismos de 2017, el órgano fiscalizador señala que la SC transfirió a los estados un monto de 194 millones de pesos entre los días 30 y 31 de diciembre de 2019, lo que impidió que las entidades pudieran ejercer los recursos en el ejercicio fiscal 2019, como correspondía.
Por último, señala que la dependencia cultural pagó 20 millones de pesos por concepto de donativos, pero no logró acreditar que las donatarias cumplieran con los requisitos legales.
