Una jueza federal concedió hoy una suspensión definitiva que podría impedir, por tiempo indefinido, la ejecución de obras nuevas para el Tren Maya en los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá, todos en Yucatán.
Karla Domínguez Aguilar, jueza Tercera de Distrito en Yucatán, otorgo la suspensión definitiva en el amparo 613/2020, promovido por residentes de Yucatán, que alegan que el tren provocará daños ambientales irreversibles y no fue suficientemente consultado con las comunidades.
El Juzgado no publicó los alcances de la suspensión definitiva, pero lo más probable es que son similares a los de la suspensión provisional que Domínguez concedió el 20 de enero pasado, y que era para los siguientes efectos:
«Que las autoridades responsables se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución del proyecto Tren Maya Fase 1 derivado de la aprobación de la Manifestación del Impacto Ambiental (MIA) el pasado 30 de noviembre de 2020, únicamente en lo que atañe a los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá, pues los quejosos son habitantes de dichos municipios, es decir, para que no se ejecute ese proyecto de obra dentro de la zona geográfica de la referida comunidad», había ordenado la jueza.
«En el entendido que dicha limitante únicamente es respecto de obras y/o construcciones nuevas; es decir, que si el proyecto denominado Tren Maya Fase 1 requiere rehabilitar y/o dar mantenimiento a vías férreas preexistentes, las autoridades responsables sí podrán ejecutar dicho proyecto».
La suspensión definitiva estará vigente durante todo el tiempo que tome el trámite del juicio de amparo, en el que se busca aclarar si la consulta a las comunidades fue suficiente e informada, y si hay vicios en la Autorización de Impacto Ambiental del proyecto, entre otros temas.
El Gobierno federal puede impugnar la suspensión definitiva mediante recurso de revisión ante un tribunal colegiado de circuito, que tomara varias semanas para resolver.
El Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa, con sede en Mérida, que revisara la suspensión definitiva, ya había confirmado previamente la suspensión provisional otorgada por la jueza Domínguez, al declarar infundada una queja de Fonatur Tren Maya.
La suspensión afecta sobre todo al Tramo 3, y parcialmente al Tramo 4 del Tren Maya, cuyas obras para plataformas y vías férreas fueron adjudicados al consorcio GAMI Ingeniería y Construcciones Urales, y a ICA Constructora, respectivamente, por un total de casi 40 mil millones de pesos, IVA incluido.
El tramo 3 va de Calkiní, Campeche, a Izamal, Yucatán, pasando por Chocholá y Mérida, mientras que el 4 va de Izamal a Cancún.
Desde el pasado 2 de diciembre, el Juzgado Primero de Distrito en Campeche otorgó, en el amparo 592/2020, una suspensión provisional similar a la de Yucatán, que prohíbe obras nuevas para el Tren Maya en el Tramo 2, que va de Escárcega a Calkiní.
En ese caso, el juez aun no resuelve sobre la suspensión definitiva, y el Tribunal colegiado que revisa la suspensión provisional tampoco ha dictado sentencia.
