El Gobierno de México revisará los permisos emitidos a los gasolineros porque algunos operadores de estaciones de servicio no están transfiriendo subsidios a los consumidores después de un aumento en los precios internacionales del petróleo.
«Hay un estímulo fiscal mantenido por la Secretaría de Hacienda en este momento y hay algunos minoristas de gasolina que absorben el estímulo, aumentando considerablemente sus márgenes de ganancia», dijo la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, en una respuesta escrita a las preguntas de Bloomberg.
«Vamos a revisar sus permisos y actuar en consecuencia», aseveró.
Las críticas de Nahle a los minoristas de combustibles se producen justo cuando el Congreso comenzaba a discutir un proyecto de ley propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que le daría a Pemex un mayor control sobre el mercado de combustibles recientemente liberalizado.
La legislación propuesta es el paso más audaz del Gobierno para reducir las reformas que atrajeron inversiones de Royal Dutch Shell, BP, Chevron y Exxon Mobil en la distribución de combustible.
Por primera vez en casi un año, en febrero pasado, Hacienda recuperó una exención fiscal sobre el diésel y la gasolina con el objetivo de crear un amortiguador contra el impacto del aumento de los precios internacionales del petróleo.
Sin embargo, en las últimas semanas, México ha visto un aumento en los precios de surtidor en lo que se conoce localmente como un «gasolinazo», o aumento del precio de la gasolina, con el combustible de motor premium alcanzando un récord de 25.50 pesos por litro ($ 4.80 el galón) a fines de marzo. , según el regulador del consumidor Profeco.
Nahle dijo en un tuit el lunes que el Gobierno tenía como objetivo poner los precios del combustible «en orden».
Si se aprueba como se espera, el proyecto de ley de combustible del Gobierno reformaría la Ley de Hidrocarburos del País y ampliaría el control gubernamental sobre la distribución, importación y comercialización de combustible.
Asimismo, permitiría la suspensión de permisos por motivos de seguridad nacional o energética y también dejaría que Pemex tomara el control de las instalaciones cuyos permisos han sido suspendidos.
La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) ha dicho que la propuesta contradice la constitución y que la «subjetividad» podría orientar la aplicación de sanciones extremas a las empresas de combustibles por parte del Gobierno.
No obstante, Nahle asegura que el proyecto de ley permitirá cancelar permisos en los que se hayan cometido actos ilegales, así como gasolineras que cometan delitos o especulan.
