Con la advertencia de que no cuentan con los mil 500 millones de pesos para realizarla, el Instituto Nacional Electoral (INE) arrancará con los trabajos de la consulta popular para juzgar a los ex Presidentes, que se efectuará el 1 de agosto.
Sin embargo, en el dictamen que aprobará este martes el Consejo General se aclara que si no reúnen el dinero necesario, el plan inicial se verá impactado.
«Se previó la instalación de 104 mil 667 casillas y la participación de mil 500 boletas por casilla, para lo cual participarían 2 mil 318 supervisores y 17 mil 469 instructores asistentes de la consulta popular, situación que tendrá que ser afectada y modificada respecto al presupuesto que se pueda ir obteniendo durante la organización», se argumenta.
Desde octubre hasta el mes de febrero se enviaron diversos oficios al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Hacienda para informarles de la necesidad de ampliar el presupuesto, sin que hasta la fecha den una respuesta.
«Para la organización, por primera vez, de una consulta popular, el Instituto enfrenta un reto adicional, ya que no cuenta con presupuesto autorizado para su realización, sin dejar de considerar un entorno sanitario complicado por la pandemia provocada por la Covid-19.
«Al no tener certidumbre respecto a los recursos presupuestales que permitan definir el alcance y modelo de operación, y por añadidura destacar que a la fecha del presente acuerdo restan menos de cuatro meses para realizar la organización de la consulta, resulta conveniente que el Instituto apruebe el plan (de organización); no obstante, continúe las gestiones para obtener los recursos presupuestales necesarios», detalla el documento.
Ahora, argumenta, es indeterminable una meta de ahorro, por lo que las economías que se identifiquen serán canalizadas para atender este problema, y las áreas involucradas están obligadas al máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros para efectuar la consulta.
Se adelanta que la Dirección de Organización Electoral, que estará a cargo de la planeación, tendrá la facultad de redimensionar, controlar y ajustar todas las fases del proceso por falta de recursos.
Dada la falta de presupuesto, insiste el INE, se optó por un escenario en el cual se puede tomar como base varias de las actividades, recursos humanos y herramientas del proceso electoral federal actual.
Se tomará de referencia el padrón electoral de la elección del 6 de junio, en el que están inscritos alrededor de 93 millones de mexicanos.
La pregunta que aparecerá en la boleta será: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».
La etapa de difusión por parte del INE comenzará el 15 de julio y no podrán emitir mensajes sobre dicha consulta ni el Gobierno ni partidos políticos. E, incluso, los Gobiernos deberán suspender su propaganda gubernamental a partir de esa fecha.
La consulta arrancará el 1 de agosto a las 8:00 horas y las casillas cerrarán a las 18:00 horas e inmediatamente comenzará el recuento de votos.
De acuerdo con el calendario, no se habla de un resultado preliminar, sino final hasta el 4 de agosto.
Periódicamente se informará sobre el avance de los trabajos y los partidos políticos podrán conocer dichos informes, pero no podrán ser acreditados ante casillas.
Los ciudadanos que lo quieran y cumplan con los requisitos, podrán inscribirse como observadores del proceso.
Las mesas se integrarán por cinco personas: un presidente, un secretario, un escrutador y dos suplentes generales. Sin embargo, el número también dependerá de si los funcionarios de casilla que participen en la elección del 6 de junio quieren hacerlo en la consulta.
«Para la emisión de la opinión en la Consulta Popular se autoriza hacer uso de instrumentos de votación electrónica», indica el acuerdo.
También se aplicarán los mismos protocolos sanitarios que en el proceso actual.
