Alfredo Adame hoy está bajo proceso porque presuntamente entregó datos falsos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al registrar la oficina de su contador como domicilio fiscal de CP Producciones S.A. de C.V., empresa de la que el actor es dueño.
Se trata de la oficina del contador Eduardo Ernesto Villegas, en Calle Horacio Nelson 7, Colonia Moderna, en la Alcaldía Benito Juárez, que según el SAT no corresponde a la dirección en la que se localiza la administración de la compañía.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el 13 de enero de 2017 el hoy candidato a diputado federal de Redes Sociales Progresistas (RSP), como administrador único de CP Producciones, proporcionó este domicilio falso de la empresa al Registro Federal de Contribuyentes.
Esta conducta es un delito sancionado con 3 meses a 3 años de prisión por el artículo 110, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, lo que significa que la pena es conmutable por una multa y que, en caso de ser hallado culpable, Adame no pisará la cárcel.
El actor declaró a las autoridades que él desconoce temas relacionados con la Firma Electrónica Avanzada y con aspectos fiscales, porque si bien la citada persona moral no se ha dado de baja, desde el 2012 ha rendido sus declaraciones fiscales anuales en ceros.
Pero el 29 de junio de 2017 el SAT decidió denunciar a Adame ante la Fiscalía General de la República (FGR) porque consideró que el hecho de que la empresa no genere ingresos al Estado, no implica que el domicilio no tenga utilidad alguna o pueda modificarse al arbitrio del contribuyente.
En la audiencia del pasado 8 de marzo, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, lo vinculó a proceso con base en 9 datos de prueba, entre ellos instrumentos notariales, entrevistas, formatos fiscales e inspecciones.
El juez consideró que, con base en esos datos, es posible concluir que el actor no vive ni ocupa el domicilio fiscal y que su propia declaración y la de su contador lo corroboran.
Y en parte consideró las contradicciones, pues Adame declaró que él acudió a las oficinas del SAT para cambiar el domicilio, pero hay evidencias de que fue su contador quien realizó el trámite porque el actor no sabe usar la página del organismo hacendario.
Su defensa también argumentó que la investigación fue deficiente porque en las actas de inspección del SAT y de la Policía Federal Ministerial en el inmueble, no se aprecia que el domicilio tiene dos accesos y sólo se limitaron a tocar en uno y prefirieron preguntar a los vecinos.
El juez dijo que este argumento era inválido porque si el domicilio tiene dos accesos, entonces no es un domicilio, son dos diferentes y el contribuyente está obligado a informar con exactitud el domicilio fiscal, sin que haya confusión.
