
Por Ivonne Melgar
Quieren matar al árbitro y lo gritan…
El partido en el poder quiere decapitar al árbitro y ha convertido esa pretensión en una promesa de campaña.
De manera que el INE y sus 11 consejeros están a prueba y llamados a resguardar las reglas de una cancha necesariamente pareja, en la que se lleva a cabo un partido que deberán seguir arbitrando.
Por eso, lo que suceda este fin de semana con los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón será crucial para que esa llamada herradura de la democracia continúe, colegiada y civilizadamente, vigilando que los gobiernos no se metan al juego y que el dinero de las campañas no sea ilícito, entre otras tareas.
Porque de nueva cuenta la suerte de ambos abanderados de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán se encuentra en manos de los 11 consejeros que conforman al árbitro, una vez que el Tribunal Electoral resolvió que éste debe evaluar si la cancelación de las candidaturas fue un castigo proporcional a la falta cometida: el incumplimiento de la entrega de gastos de precampaña.
Es cierto que la expectativa era que los magistrados del tribunal resolvieran de una vez y para siempre si Salgado Macedonio y Morón podían o no seguir en la contienda.
Y si bien caben las posibilidades de que los siete magistrados sean vistos como Poncio Pilatos, lavándose las manos para no pagar el costo mediático que implica enfrentar el asedio de Palacio Nacional y de Morena, lo evidente es que, como jueces que interpretan la aplicación de la ley, confirmaron que el INE tuvo razón en considerar que los morenistas estaban en falta y que toca a los consejeros electorales examinar de nueva cuenta si el castigo impuesto no vulnera el bien superior del derecho humano a la representación política y a ser votado.
Más allá de las elucubraciones y de la tendencia documentable de que el tribunal opta por las salidas menos costosas políticamente con el partido del Presidente de la República, lo resuelto anoche por cinco de sus integrantes, en el caso de Guerrero, y cuatro en el caso de Michoacán, es la confirmación del funcionamiento de un mecanismo institucional que califica la calidad de nuestra democracia electoral.
Así que, frente al discurso del presidente de Morena, Mario Delgado, y del candidato Salgado Macedonio de que el INE los quiere quitar a la mala porque es un árbitro faccioso, la respuesta de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Otálora, Indalfer Infante, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata fue que el INE actuó en apego a la ley vigente.
Y si bien el presidente del tribunal, José Luis Vargas, y la magistrada Mónica Soto, alegaron que faltó respeto al debido proceso de los aspirantes sancionados, reconocieron la importancia del trabajo de fiscalización que el INE realiza en un país donde la disputa electoral no ha estado exenta del uso del dinero sucio ni del riesgo del mal uso del dinero público.
Así que mañana, cuando los 11 consejeros electorales se reúnan a dilucidar si confirman las sanciones o atienden los atenuantes señalados por el tribunal, de nueva cuenta estará operando el entramado institucional que tenemos para que sean los votos y no los madrazos los que definan nuestra representación política.
Vale recordar que cuando se avaló la cancelación del registro de Morón hubo seis consejeros a favor: Lorenzo Córdova, Carla Humphrey, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala.
Para la cancelación de la candidatura de Salgado se les sumó la consejera guerrerense Norma de la Cruz.
¿Modificarán mañana su voto? Es probable y sin duda lo harán en conciencia, como sucedió con los pronunciamientos del INE sobre las conferencias mañaneras que no debían incluir ataques a la oposición y con el acuerdo que evitará la sobre representación legislativa en la conformación de la Cámara de Diputados que se renovará el 6 de junio.
Pero también cabe la posibilidad de que los consejeros reiteren los votos de hace tres semanas.
Lo importante es que el árbitro colegiado siga funcionando al margen de los gritos de guerra de Morena. Si lo logra, el INE estará listo para la siguiente batalla, de la que está muy consciente el presidente consejero, Lorenzo Córdova, quien ayer la advirtió en un foro convocado por el Colegio de México: “hay quien quiere construir, desde ahora, como ocurrió en las elecciones de Estados Unidos, una narrativa del fraude”.
Y bajo esa infodemia que altera el terreno de juego, Morena está poniendo en peligro el entramado institucional que se construyó en los últimos 30 años.
Por eso es importante que el árbitro siga funcionando con autonomía y colegiadamente.
Ponerle la pistola en la sien, bajo la amenaza de matarlo, rompe los códigos del entendimiento democrático y viola la Constitución, dejando las huellas del crimen por todas partes.