Con modificaciones para prohibir que el Gobierno federal pueda subcontratar personal, las comisiones unidad de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social avalaron el dictamen de reforma en materia de outsourcing.
El dictamen, avalado con 50 votos a favor, 10 en contra del PRI y del PAN, entre ellos los de la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas y del líder minero Carlos Pavón y dos abstenciones, señala que las dependencias de la Administración Pública Federal sólo podrán recurrir a dicho esquema cuando se trate de servicios u obras especializadas.
De acuerdo con el dictamen la inclusión de los trabajadores que actualmente son subcontratados en las nóminas de las dependencias y entidades públicas no implicará recursos adicionales.
Los legisladores acordaron que esta fuera la única modificación realizada en comisiones, ya que por acuerdo de las diferentes fracciones parlamentarias, las reservas serán presentadas ante el Pleno.
La modificación fue propuesta por el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, el morenista Manuel Baldenebro, quien reconoció que una preocupación para los legisladores también son los trabajadores al servicio del Estado, incluidos en el apartado B del Artículo 123 constitucional.
El dictamen adiciona el apartado 10 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado -reglamentaria del Apartado B del Articulo 123 constitucional- para establecer que se prohíbe la subcontratación por parte de las instituciones de Gobierno, las cuales sólo podrán recurrir a este esquema cuando se trate de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas.
«Se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias e instituciones a que se refiere el artículo 1º de la presente Ley. Se permitirá únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo», señala.
El dictamen incluye la misma prohibición a la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del 123 constitucional a través del agregado de un artículo 2 Bis.
Además, agrega un décimo transitorio, el cual señala que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas en la implementación de la reforma, realizarán las acciones necesarias para que las erogaciones que esta modificación genere se realicen con cargo al presupuesto aprobado para cada una de ellas, por lo que no se requerirán recursos adicionales.
«Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas en la implementación del presente Decreto, realizarán las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor e implementación del mismo, se realicen con cargo al presupuesto aprobada a cada una de ellas en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que no se requerirán recursos adicionales que tengan por objeto solventar las mimas y no se incrementará el presupuesto regularizable de éstas para el presente ejercicio fiscal ni posteriores», indica el dictamen.
El proyecto fue enviado a la Mesa Directiva para que sea sometida a votación del Pleno este mismo martes.
