Por: Sebastián Gómez
Un truculento proceso judicial, lleno de irregularidades, mentiras y violaciones legales obligó a AHMSA a comprometer un millonario pago para “rescatar” al Presidente de su Consejo y entregar la siderúrgica a un amigo y financiero del actual régimen
“La más nítida imagen de un estado se revela en como aplica la justicia”. Mandela
Legalmente, en tribunales, Alonso Ancira nunca fue acusado por un supuesto sobreprecio en la venta del complejo Agronitrogenados, delito que en su caso habría cometido el que compró, no el que vendió.
La acusación que desató la persecución fue un pago de Altos Hornos de México, por honorarios y un monto de 3.5 millones de dólares, hecho a Emilio Lozoya Austin en 2012.
Como se reseñó en dos entregas anteriores e insisten sus abogados, esos pagos salieron legalmente registrados desde AHMSA y los recibió Lozoya cuando era un particular, por su trabajo de gestoría en diversos proyectos de inversión plenamente documentados.
Esos proyectos, precisan, fueron posteriormente soslayados por el gobierno de Peña Nieto, quien como en el caso del tren CDMX-Toluca, prefirió entregarlos a su amigo Juan Armando Hinojosa, el de la famosa “casa blanca”.
Cuando dos años después PEMEX pagó a AHMSA el valor del complejo de fertilizantes, respaldado por avalúos oficiales y privados, el dinero no ingresó a las cuentas personales de Ancira, sino a las de Altos Hornos y fue fiscalmente declarado.
Necesariamente, de acuerdo a las prácticas empresariales, la operación tuvo que ser avalada por el conjunto del Consejo de Administración, por lo que el vicepresidente Xavier Autrey y el resto de los consejeros son corresponsables, pero la embestida se centró en Ancira, que según los datos bursátiles no es ni el dueño ni el inversionista principal.
Los rottweilers encabezados por el inquisidor Santiago Nieto investigaron por meses la operación de compraventa de Agronitrogenados entre AHMSA y PEMEX y las cuentas del propio Ancira. No encontraron nada que avalara los reiterados dichos de López Obrador sobre un sobreprecio o una operación ilegal, que con sus mágicas matemáticas llegó fijar hasta en 10 mil millones.
Allí no había sustento, por lo que inventaron el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por esos 3.5 millones de dólares. Y se inició un truculento proceso judicial, lleno de irregularidades, mentiras y violaciones legales, para finalmente obligar a la empresa a comprometer el pago de 216 millones de dólares -más intereses- para “rescatar” al Presidente de su Consejo y entregar la siderúrgica a un amigo y financiero del actual régimen, cabeza de un nebuloso grupo de supuestos inversionistas.
A fin de lograrlo, mantuvieron a Ancira “legalmente” secuestrado en cárceles de España y México, con la complicidad de la Fiscalía General de la República y un juez a modo.
En paralelo, causaron a la empresa un daño económico acumulado por cerca de mil millones de dólares, con deudas impagas, plantas paradas, deterioro de los equipos por falta de mantenimiento y refacciones, causaron el cierre de MICARE con el despido de 2 mil y pico de trabajadores directos y mantienen temblando a otros mil, mientras que las plantas de la CFE que recibían el carbón térmico están en inanición.
Por derivación, el truculento caso afectó a más de 40 mil trabajadores indirectos, de prestadores de servicios y proveedores, empresas que han recibido pagos a cuentagotas o de plano tuvieron que cerrar.
En el camino, como lo reseñó uno de los penalistas de AHMSA, se mintió de palabra y documentalmente ante las cortes españolas, desde la tribuna de Palacio Nacional se amenazó y concretó castigo a jueces que osaron aplicar el derecho, violaron tres amparos y fue torcida la ley para sujetar a Ancira a prisión cuando no correspondía.
Como empaque justificatorio, desataron una sostenida campaña para simular y difundir la idea de que era un juicio por Agronitrogenados, lo que asentaron con la perversidad mercadológica de denominar al complejo petroquímico como “planta chatarra”.
Una “planta chatarra” cuyas unidades en 2019 llegaron a niveles de producción de 900 mil toneladas anuales y hoy están paradas, porque Petróleos Mexicanos no tiene gas y por tanto amoníaco para alimentarlas.
Presionaron incluso a PEMEX, para que sin ningún sustento legal ni avalúos que lo respaldaran, manipulara sus procedimientos contables a fin de aceptar un pago que la paraestatal nunca había reclamado.
El sumiso juez “totalmente Palacio”, símil del presidente de la Corte, cerró la ilegal charada con broche de oro, aceptando como bueno un forzado “acuerdo reparatorio” que ninguna relación tenía con el irregular juicio
Todo para cumplir una caprichosa venganza del Presidente, porque, como el mismo Ancira lo dijo a Carlos Loret, se negó a que la empresa entrara a las “aportaciones morales” que el hermano Pío recolectaba a lo largo del país para la campaña.
Hoy pregonan que “se hizo justicia”, pero como apuntó un reputado jurista, ex Procurador General, hay tal cúmulo de delitos y violaciones legales, que en un real estado de derecho ameritaría juzgar al Presidente, al Consejero Jurídico, al Fiscal General, al juez penal e incluso al Canciller y al Director de la CFE, por delincuencia organizada, abuso de poder, falsedad de declaración, extorsión, daño moral, complicidad, coacción, violación de derechos y lo que sume…
(Con Información de Infonor/ [email protected])
