El Juez Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México negó una suspensión provisional a la Fundación Mary Street Jenkins contra el embargo de bienes y cuentas bancarias.
REFORMA publicó que el pasado 25 de marzo el Juez sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó, entre otros, el embargo de bienes de la familia para garantizar la devolución del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, valuado en 720 millones de dólares.
Además, emitió una orden al director del instituto registral y catastral de Puebla para que no modifique el registro de los bienes inmuebles que los Jenkins donaron en 2014 a otra Fundación que terminó operando desde Panamá.
También ordenó el embargo de un helicóptero Augusta y de todos los bienes inmuebles propiedad de la familia.
El embargo responde a una demanda presentada el 12 de marzo por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla.
La Fundación promovió un amparo ante el Juez primero de distrito en materia civil de la CDMX para detener todas las medidas dictadas en su contra, el cual fue negado el 13 de mayo, según constancias.
Sin embargo, a través de un comunicado, la Fundación Jenkins expuso que es nula la actuación del Juzgado que ordenó el embargo.
«Dicho juzgado carece de competencia para conocer del asunto, dado que la Fundación tiene su domicilio en el estado de Jalisco y, como consecuencia, todas sus actuaciones están afectadas de nulidad, como ha quedado debidamente acreditado», señala.
Al respecto, Guillermo Barradas, abogado de la Junta de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, explicó que ninguna autoridad ha declarado nulidad del acto.
«No es nula (la sentencia del Juez), evidentemente está dictada por una autoridad competente porque varios de los demandados tienen su dirección en la Ciudad de México», explicó.
