Al concluir que la Fiscalía General de la República (FGR) no ofreció las pruebas necesarias, un juez federal absolvió a Cristóbal Gerardo Bonilla Galicia, director de ILF Ingenieros Consultores, de un presunto fraude de 5 millones 319 mil 977 pesos en la certificación de daños de la Línea 12 del Metro.
Bonilla fue acusado de usurpar el nombre de ILF Beratende Ingenieure AG, con sede en Suiza, para obtener en octubre de 2013 el contrato de certificación de daños de la Línea 12, mismo que le adjudicó el Proyecto Metro de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno capitalino.
El viernes pasado Marcos Vargas Solano, Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, dictó la sentencia absolutoria en favor del director de la consultora porque no había evidencia del delito
«Si bien el justiciable intervino en el proceso de adjudicación directa, exhibió la documentación que le fue solicitada, celebró el contrato materia de los hechos y recibió el pago respectivo por la prestación de servicios -en su carácter de representante legal de la empresa ILF Ingenieros Consultores, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable-, lo cierto es que no existe prueba que corrobore que su actuar respondió a un concierto previo o concomitante a la realización de la conducta atribuida a él y a sus coprocesados», dice el fallo.
Por esta acusación, Bonilla estuvo preso en el Reclusorio Oriente de diciembre de 2016 al 6 de julio de 2017, fecha en que le concedieron llevar el proceso en libertad provisional, mediante el pago de una garantía de 50 mil pesos y su presentación periódica ante el juzgado para firmar el libro de procesados.
La FGR ofreció seis pruebas en este proceso, una de ellas es el dictamen técnico de 19 de julio del 2013 en el que se planteó contratar a ILF Beratende Ingenieure AG para la certificación que sería la base para solucionar el desgaste ondulatorio que presentaban los rieles del sistema de vías.
En su acusación, la Fiscalía planteó que este contrato también fue consecuencia de una supuesta conspiración entre servidores públicos y la empresa consultora, dado que sabían de la usurpación del nombre de ILF, sin embargo, el juez también dijo que no había pruebas de lo anterior.
En este expediente, también fueron acusados penalmente Mario Alberto Lezama Estrada, coordinador de consultores de ILF, así como Sotero Díaz Silva, Salvador Trejo Nava, José Pascual Pérez Santoyo y Enrique Horcasitas, este último ex director del Proyecto Metro.
Esta averiguación previa fue integrada y consignada por la entonces Procuraduría capitalina ante el Juez 51 Penal de esta capital, en el sexenio de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno. Sin embargo, en 2018 un tribunal colegiado sentenció que este caso era competencia del fuero federal, ya que los recursos pagados a la empresa eran de la SCT.
