El 10 de junio terminaban de recuperar el cuerpo de Juan Carlos en las cuevas de Rancherías, al día siguiente, el trabajador Juan Muñiz Calvillo se lesionó gravemente en una cueva de carbón ubicada en Obayos, Municipio de Escobedo. Actualmente está postrado sin movimiento en piernas y brazos, y sin recibir la atención médica adecuada por el IMSS, y dada su situación, ni siquiera puede ir a recoger su incapacidad.
En el caso de Muñiz Calvillo, está registrado en el IMSS con un salario diario de 167.23 desde el 1 de junio del presente año. Su patrón es la empresa CONSORCIO MINERO A.G. Y CIA S.A. DE C.V., con registro patronal A331070010.
En sobres amarillos, los trabajadores reciben semanalmente entre 3,100 y 4,600 pesos. Pero, en el caso de los carboneros, la empresa retiene el pago de las toneladas que sacan el viernes y al resto de los trabajadores, les retienen 700 pesos para obligarlos a regresar a trabajar el lunes siguiente.
En el “complejo minero” donde hay un pozo y una cueva en el que se lesionó gravemente el trabajador, fue sacado sobre una tabla porque no hay camilla, ellos llevan su propio casco, no se controla absolutamente ningún riesgo de trabajo y por supuesto. no hay salidas de emergencia y algunas veces, trabajan con el agua a la altura de los muslos.
Dicha empresa, tiene el contrato CFE-0700-ADAAN-0026-2020 por $35,373,402.00 pesos. En la información entregada por el Servicio Geológico Mexicano a CFE, aparece catalogada en amarillo, dado que, no tiene Manifiesto de Impacto Ambiental, y no había informado a CFE el área a explotar en el lote 219316.
En el mismo lote minero, también opera Grupo SACU, que tiene el contrato CFE-0700-ADAAN-0042-2020, por $53,969,794.80 pesos.
Con dos empresas, el concesionario y dueño de las empresas Luis Alfonso Rodríguez Garza, obtuvo contratos para suministrarle carbón por un total de 89,280 toneladas que significan $89,343,196.80 pesos.
En la carta que entregamos al director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, señalamos nuestra voluntad de reunirnos con él, porque la precariedad de los centros de trabajo que suministran carbón a CFE, “se repite a lo largo de la región dado que, se ha permitido durante décadas que, los empresarios operen sin cumplir con las leyes, incluso sin tener minas o coyoteando carbón de minas clandestinas”. Su única respuesta fue que, CFE no compra el carbón de la cueva de Micaram siniestrada hace un par de semanas.
Sin embargo, el tema no es quién debe controlar los contratos de carbón, sino las condiciones laborales de los mineros. Cuando lo hizo el Gobierno de Coahuila a través de la PRODEMI, se hacía exactamente lo mismo que ahora que los controla directamente la CFE: las mismas muertes, el mismo sufrimiento de las familias, las mismas respuestas de las autoridades para sostener la misma impunidad.
El único tema, es la vida y la seguridad de los mineros del carbón y la tranquilidad de sus familias.
Una vez más, insistimos que más que pronunciamientos, lo que urge son medidas que eviten estas tragedias, entre otras: 1) prohibición legal y total de las llamadas “minitas de arrastre” o cuevas y pozos de carbón; 2) el compromiso público de la CFE de no comprar carbón de este tipo de minería; 3) la revisión de todos los contratos asignados por CFE; 4) la cancelación en las concesiones mineras de todas las áreas ya explotadas; 5) la elaboración de un “Protocolo de Salvamento Minero”.
Exigimos la pronta y adecuada atención médica para el trabajador Juan Muñiz Calvillo; se llame a cuentas al empresario por no dar aviso del “accidente” a las autoridades; se cancelen sus contratos en CFE y se le penalice y, conforme al Reglamento Minero de la Secretaria de Economía, se cancele la concesión por violar las normas de seguridad e higiene.
Lamentamos que, como lo hemos señalado desde hace más de 15 años, que pudiendo evitar tragedias como Pasta de Conchos (2006); El Manantial (2007); La Sabina (2007); Zeduvik (2009); AlvaRam (2009); Ferber (2009); Lulú (2009 y 2011); Lujan (2009); Vertical 4 (2010); Boker (2010, 2013 y 2014); el Tesoro (2010); El Mupo (2011); La Misión (2011); BINSA (2011); Santa Rita (Sonora, 2012); El Progreso (2013); Lares (2013 y 2014); Mitrosa (2014); San Javier (Sonora 2015), Migaral (2016); El Gato (2016); C5 (2017); AlphaPrime (2017); Rancherías (2019) y tantos otros, como ahora de nuevo Rancherías y Obayos, se siga promoviendo y premiando el peor modelo de minería resultado de la omisión y negligencia de las autoridades.
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