La Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber por sus siglas en inglés) reclamó al gobierno de Joe Biden de la incertidumbre que se genera porque se iniciaron solicitudes laborales contra México de denegación de derechos mucho antes de que entrara en vigor el T-MEC.
En una misiva, el vicepresidente senior de la División de Política de empleo de esa Cámara, Glenn Spencer, expuso que hay una serie de irregularidades en torno a las solicitudes que pueden llevar a un panel de procedimientos en torno al capítulo laboral.
A pesar de lo que marca la legislación estadounidense, expuso, sigue sin publicarse el reglamento de procedimientos finales para el cumplimiento de solicitudes laborales contra México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Ante esto, «preocupa que haya falta de protección de un debido proceso que se encuentre para el capítulo laboral y de disputas del Tratado en lo que se llama Mecanismo de Respuesta Rápida».
Sobre todo, dijo, porque ese reglamento de procedimientos finales específica a los dueños de empresas cuáles serán los pasos que se seguirán en caso de una solicitud por denegación de derechos laborales contra una industria, además de que esa regulación da transparencia a los procesos.
Añadió que otra preocupación es en torno a la fundamentación de las peticiones laborales y sus tiempos, pues el Comité Laboral estadounidense del T-MEC aceptó casos que ocurrieron antes del 1 de julio de 2020, que fue el día en que entró en vigor el acuerdo.
«El T-MEC entró en vigor el 1 de julio 2020. Sin embargo, el Comité Laboral está actuando sobre peticiones que alegan denegación de derechos laborales ocurridos, en parte, antes de esa fecha», por lo que imponer represalias comerciales contra un hecho que no se hizo durante la vigencia del T-MEC es violatorio del tratado.
Además de que la reforma laboral de México incluyó una periodo de cuatro años para que se legitimen o ratifiquen los acuerdos colectivos de trabajo y en muchos casos ese tiempo no ha llegado.
En la misiva que dirigen al director de asuntos laborales de Estados Unidos, Brenna Dougan, y a la Jefa de división del T-MEC para el monitoreo y cumplimiento del T-MEC, Samantha Tate, Spencer hizo una serie de cuestionamientos a los funcionarios estadounidenses entre ellas:
«¿Cuándo se publicarán las reglas de procedimiento? ¿Por qué se aceptan peticiones y se actúa contra México mucho antes de tener esas reglas? ¿Por qué se admitieron peticiones por supuestas denegaciones de derechos hechas antes de que entrara en vigor el T-MEC? ¿Por qué se iniciaron procedimientos laborales contra México a pesar de que aún no se termina el tiempo de implementación de la reforma laboral mexicana? y ¿El procedimiento final incluirá procesos que protegerán a los dueños de industrias durante el procedimiento en su contra?», cuestionó.
Hasta el momento se sabe de dos casos que presentó Estados Unidos contra México en materia laboral, uno es el de General Motors en Guanajuato y otro de Tridonex en Tamaulipas, con los cuales se iniciaron las primeras etapas del Mecanismos de Respuesta Rápida del T-MEC.
El académico del Tecnológico de Monterrey, Jorge Molina, dijo que esta petición no es tanto en favor de México, sino que las empresas Tridonex como General Motors tienen capital estadounidense y cualquier acción que pueda tomar la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) les afectará a los inversionistas.
«No es tanto defender a México, sino las inversiones estadounidenses en esas dos empresas establecidas en territorio mexicano», porque puede haber repercusiones, comentó el también negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ahora T-MEC.
