Funcionarios del Registro Civil de Oaxaca dieron por muertos a más de mil comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, entre ellos a 22 habitantes que actualmente se encuentran vivos, lo que provocó la pérdida de sus derechos como personas y derecho a la tierra, denunció Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).
El abogado y defensor explicó que un grupo de personas, supuestos representantes de la comunidad agraria de Santo Domingo Ixcatlán, avalada e impuesta por la Procuraduría Agraria (PA), desarrolló una asamblea el 12 de agosto de 2018, cuando decidieron separar a mil 013 comuneros del padrón.
De ahí que funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN) y del Registro Civil dieron por fallecidos a más de mil comuneros, entre ellos están 22 habitantes beneficiarios con medidas cautelares, para que pierdan sus derechos como personas y derechos a la tierra, denunció el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes.
En aquella asamblea, de agosto de 2018, se declaró como fallecidos e incluso sepultados a los más de mil comuneros, entre ellos a los 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes aún se encuentran con vida”, sostuvo.
El jefe de la Unidad Jurídica de Registro Civil, Daniel Víctor Merlín Tolentino, recibió, avaló y cumplió el oficio DRC/UJ/699/2018, relativo al acta de asamblea.
Acto seguido, el RAN también validó el acta de asamblea de la supuesta representación de bienes comunales de Santo Domingo Ixcatlán, el 7 de septiembre de ese mismo año, violentando así a los comuneros de ese núcleo agrario.
Santiago Reyes destacó que los funcionarios del Registro Civil y RAN dieron por muertos a los mil 013 comuneros por orden de la familia caciquil de la región, señalada del triple homicidio sucedido en Santo Domingo Ixcatlán, el 30 de abril del 2008.
Resaltó que a los comuneros vivos se les violenta su derecho al nombre, a la propiedad, al derecho a la protección de la dignidad, al derecho a la identidad y otros más de la Convención Americana de Derechos Humanos, al ser considerados como personas fallecidas.
Por lo anterior, el representante legal de los agraviados y el Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán, demandaron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar estos hechos y sancionar a los funcionarios responsables.
INTERVIENE DEFENSORÍA DE OAXACA
Al respecto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició una investigación ante la denuncia efectuada por representantes de personas comuneras pertenecientes al municipio de Santo Domingo Ixcatlán, que habrían validado el fallecimiento de 22 personas que actualmente se encuentran vivas.
El hecho, advirtió el organismo autónomo, vulnera entre otros, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la seguridad jurídica y particularmente, el derecho a la tierra y a poder disfrutar su territorio indígena.
Urgió información a las autoridades señaladas como responsables, pues tiene conocimiento que 22 de esas personas comuneras supuestamente fallecidas, cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Defensoría recordó que en días pasados también recibió la queja por parte de los hermanos Gómez Conzatti, quienes señalaron la actuación irregular del Registro Civil, por robo de identidad.
