Organizaciones civiles y académicos urgieron a someter a la Ley Minera a una reforma profunda para frenar lo que consideraron abusos de los concesionarios contra comunidades.
Al lanzar la campaña #CambiémoslaYa demandaron en particular eliminar el carácter de utilidad pública de las actividades mineras, modificar el esquema de las concesiones y terminar con los privilegios de acceso a la tierra y al agua que se otorgan a las empresas.
Llamaron a blindar Áreas Naturales Protegidas, sitios sagrados, arqueológicos y Ramsar de las actividades mineras.
Los organizaciones exigieron además prohibir la minería de metales preciosos con las técnicas de tajo a cielo abierto, así como el uso de cianuro y mercurio en los procesos de lixiviación.
La Ley Minera aprobada en 1992, advirtieron, contiene artículos que violan de manera directa derechos previamente reconocidos por el Estado mexicano a las comunidades y que han sido una de las causas de diversos conflictos socioambientales en el país.
El artículo 6, detallaron, determina que las actividades mineras son de utilidad pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio.
«Es decir, que la exploración, explotación y proceso de beneficio de los minerales deben preferirse sobre cualquier otra actividad que las comunidades están desarrollando en el territorio, sea vivienda, agricultura, forestal o cualquier otra», apuntaron, entre otras, Fundar, la Fundación Heinrich Böll, Oxfam México y los Comités de Cuenca del Río Sonora.
En tanto, indicaron, el artículo 19 dispone que el solo hecho de tener una concesión minera otorga derecho a su titular para obtener la expropiación o la ocupación de los terrenos necesarios para su explotación, así como para aprovechar las aguas.
«Y por si fuera poco, el artículo 15 establece que esta situación durará hasta 100 años, pues fija en 50 años la vigencia de las concesiones mineras, prorrogables por un tiempo igual», reprocharon.
