Un juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió un amparo a la organización Aprender Primero en el que ordena al Ejecutivo Federal, al Legislativo y la Secretaría de Educación Pública (SEP) garantizar los recursos económicos necesarios para escuelas de tiempo completo.
“Este programa que históricamente atendió a más de 3 millones de niñas, niños y jóvenes ofrece mayor tiempo de aprendizaje y alimentación a las y los estudiantes que se encuentran en comunidades de alta marginación y que en este regreso a las escuelas es cuando más lo necesitan”, defendió la organización.
El Gobierno federal violó la Constitución al reducir los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, creado en el sexenio de Felipe Calderón, que fue reemplazado por La Escuela es Nuestra.
“La autoridad vulneró el principio de progresividad del derecho a la educación, ya que sin justificación alguna, redujo el presupuesto previsto en el ejercicio fiscal anterior para la ejecución de los actuales objetivos del programa La Escuela es Nuestra”, resolvió Martín Santos Pérez, Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa.
Santos sostuvo que en el Presupuesto de 2021 se debió asignar a La Escuela es Nuestra por lo menos el monto combinado que este programa y Escuelas de Tiempo Completo tuvieron en 2020, y agregó que los criterios de selección de escuelas beneficiarias no son objetivos y equitativos.
Lo anterior, al conceder un amparo a la organización Aprender Primero, que impugnó la reducción del presupuesto para atender las metas de Escuelas de Tiempo Completo, así como la eliminación de las Reglas de Operación que aplicaban a este programa, reemplazadas por meros lineamientos de La Escuela es Nuestra, que no permiten fiscalizar con precisión las decisiones de ejercicio del gasto.
La sentencia, por ahora, no obliga al Gobierno, que tiene diez días para impugnar ante un tribunal colegiado de circuito. El amparo tendrá que ser ejecutado solo si es confirmado por la instancia superior.
Cabe recordar que La Escuela es Nuestra se enfoca en mejoras de infraestructura, mientras que Escuelas de Tiempo Completo -que fue fusionado al primero- buscaba desarrollar escuelas de jornadas ampliadas con servicio de alimentación y diversas actividades artísticas, deportivas y tecnológicas.
“El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del programa La Escuela es Nuestra también adoptó medidas regresivas en virtud de que no contempla la totalidad de actividades que estaban previstas anteriormente en el programa Escuelas de Tiempo Completo, las cuales se estiman necesarias para el eficaz cumplimiento de sus objetivos”, afirmó el juez.
“Al emitir el Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la operación del programa La Escuela es Primero, únicamente se estableció la población que deberá beneficiar dicho programa, así como el monto de los recursos que se destinarán en cada caso; no obstante, no se precisó cuáles serán los procedimientos y los parámetros que se utilizaron para realizar la selección de los planteles, sino que únicamente se establece que éstos serán elegidos por la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Educación Pública, según corresponda, sin especificar qué elementos son los que serán tomados en consideración para clasificar el tipo de plantel y el grado de necesidad”, agregó.
También reprobó que el número de alumnos sea el criterio para asignar los recursos, que van de 150 mil a 500 mil pesos por plantel.
“Pueden existir planteles localizados en zonas de alta marginación del país y que, por ende, tienen un número muy bajo de alumnos y de rendimiento educativo, así como altos niveles de rezago y abandono escolar, debido a que tienen bastantes deficiencias en cuestión de infraestructura y equipamiento de las escuelas”, afirmó.
En este caso, Aprender Primero argumenta que el derecho a la educación se vería afectado por no haber las garantías de que en sus escuelas se seguirían ofreciendo las jornadas escolares ampliadas, ni el servicio de alimentación; y que los recursos de La Escuela es Nuestra resultarían insuficientes para cumplir con todos los objetivos que heredó de Escuelas de Tiempo Completo.
“En otras palabras, el PEF 2021 contraviene el principio de progresividad del derecho a la educación, en virtud de que contempla una menor cobertura presupuestal para LEEN a pesar de que éste actualmente tiene que llevar a cabo tanto sus objetivos, como los del PETC”, explicó.
“Por ello, la sentencia ordena al presidente de la República, a la Cámara de Diputados y a la SEP a que garanticen como mínimo los recursos que comprendían al PETC y LEEN en 2020, (12 mil 380 millones de pesos), y que sean suficientes para cumplir con todos los objetivos trazados”.
