CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que volverá a solicitar la orden de aprehensión contra 31 exfuncionarios de Conacyt y miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico «explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan».
«La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial», informó esta tarde la Fiscalía.
Esto ante la negativa, por segunda ocasión, de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos exfuncionarios del Conacyt «por delitos patrimoniales en contra del erario público».
«El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza.
«Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República (FGR), ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria», indicó la FGR.
Subrayó que esas razones el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio «y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas».
La FGR consideró que no es necesario, en modo alguno, el uso de filtraciones a medios de comunicación «que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho».
