RAMOS ARIZPE, COAHUILA. – Nuevo León ahuyentaría nuevos proyectos de inversión en caso de prosperar la intención de crear un impuesto a las emisiones contaminantes, advirtió Juan Carlos Aguilar Ibarra, director de la consultora ambiental IRCA Consultores, las cuales podría emigrar a Coahuila, específicamente a la Región Sureste.
Antes de buscar gravar con un impuesto a las emisiones al medio ambiente, sostuvo, se deberá analizar el impacto que tendría en las decisiones de invertir, al dejar en desventaja competitiva al Estado frente a otras entidades, como Coahuila, más aún cuando el Gobierno federal desincentiva la inversión en energías limpias.
«A tan sólo 80 kilómetros estaría la opción de instalar una planta en Coahuila, en donde no existe este tipo de gravamen, y habría que ver si ese impuesto estaría dirigido a quienes realmente provocan la contaminación y si el uso de lo que recaude sería para combatir las causas de las emisiones contaminantes», afirmó.
«Las políticas en el uso de energías y las de combate a la contaminación ambiental de momento están divorciadas y puedo decir que el Gobierno federal y el estatal están también divorciados en materia de criterios para combatir la contaminación».
Para ser efectiva una política de combate a la contaminación por la vía de los impuestos, sostuvo, sería necesario que esos impuestos efectivamente estén dirigidos a las fuentes que generan esas emisiones.
Refirió como antecedente que hubo una iniciativa panista en marzo del 2020 que llegó al Congreso Estatal, pero nunca prosperó y que pretendía instrumentar el pago de derechos por emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
«Se pretendía gravar a las empresas que contaminaban con gases de efecto invernadero, cuando en la exposición de motivos de la misma iniciativa reconocía que el 53 por ciento de la contaminación en Monterrey la genera el parque vehicular y por otro lado las partículas suspendidas por las pedreras».
De esta forma, añadió, la contaminación proviene de partículas sólidas suspendidas en el ambiente, por lo que un impuesto a la emisión de gases habría sido ineficiente para combatir el problema.
El especialista consideró que antes de imponer nuevos impuestos, el Gobierno del Estado debe usar las herramientas que ya tiene la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente para inspeccionar, ser efectivos en la burocracia para otorgamiento de permisos e incentivar el uso de energías limpias.
Sin embargo, anticipó que la Ley de Hacienda ya tiene una partida presupuestal de impuestos ambientales para el 2022 en su artículo primero numeral 16, que aun cuando aparece con «ceros», contempla una recaudación futura por ese concepto.
