La agilización de trámites para proyectos prioritarios, que prevé el decreto presidencial publicado la semana pasada, podría acelerar trámites que Altán Redes tenga que presentar ante el Gobierno federal, consideraron especialistas.
La medida del decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador considera que las dependencias otorguen autorizaciones, dictámenes, permisos o licencias de carácter provisional en un plazo máximo de cinco días, si transcurrido ese plazo no se emite una autorización expresa, se considerará aprobada.
La Asociación Público Privada (APP) Altán es la encargada de desarrollar la Red Compartida, proyecto contemplado en la Constitución, por lo que podría ser considerada como un proyecto prioritario para el Gobierno federal.
Por el momento, la mala salud financiera de la APP la llevó a recurrir a concurso mercantil para ajustar su deuda con 70 acreedores.
«Aunque no veo un beneficio inmediato para Altán, se podría crear un apoyo específico por parte de las entidades públicas que le prestaron a Altán o se busque modificar el régimen legal que está en la Constitución», consideró Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law.
Por otra parte, en caso de que Altán quisiera obtener permisos para desplegar su infraestructura en zonas federales, por ejemplo, en tramos carreteros, comentó Octavio Lecona, socio del despacho Socio de Holland & Knight.
Además, la actual redacción del decreto podría abrir la puerta a que otras APP, e incluso proyectos privados, sean considerados proyectos prioritarios.
«El decreto es muy vago y dice ‘cualquier proyecto’, no hay un catálogo o lista de proyectos prioritarios, incluso el Gobierno podría apadrinar proyectos de privados y subirlos a la cobertura de este decreto», mencionó Sergio Legorreta, socio de Dentons López Velarde.
