Con 76 votos a favor y sólo una abstención, la Asamblea de El Salvador aprobó reformas al Código Penal que señalan como delito el solo hecho de pertenecer a una pandilla, el cual podría ser penado con hasta 30 años de cárcel, y hasta 45 años en caso de ser cabecilla.
El Presidente Nayib Bukele pidió a la Asamblea Legislativa que se reuniera para aprobar “más herramientas legales” para combatir a las pandillas, a las cuales se atribuyen 89 homicidios en sólo tres días.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dijo que “de ahora en adelante, el sólo hecho de pertenecer a pandillas será catalogado como delito y castigado con una pena ejemplar”.
En 2015 la Corte Suprema calificó a las pandillas como organizaciones terroristas.
De acuerdo con el medio local elsalvador.com, el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, también solicitó reformar el presupuesto 2022 para incorporar tres iniciativas: una para financiar el equipamiento y armamento de la Policía Nacional Civil por 30 millones de dólares, otra para fortalecer a la Fuerza Armada y una tercera para el fondo de recompensas.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, adelantó en conferencia de prensa antes del inicio de la sesión que las iniciativas serían aprobadas con dispensa de trámite.
“No hay nada que discutir”, dijo.
La Asamblea aprobó el domingo una solicitud de Bukele de estado de excepción ante la ola de violencia, el cual ha sido criticado por organizaciones defensoras de derechos humanos que dicen suspende varias garantías constitucionales como la libertad de asociación. Además, pueden intervenirse las telecomunicaciones sin autorización judicial.
Aunque no estaba contemplado en el decreto legislativo, también se ha restringido el derecho de libre circulación, según se ha denunciado.
Las fuerzas de seguridad apoyadas por contingentes de soldados continúan realizando patrullajes y allanando barrios populares para perseguir a los pandilleros. En estas comunidades soldados armados con fusiles M-16 han montado barricadas con púas y controlan las entradas y salidas de personas, que son sometidas a un minucioso registro. Las mujeres y niños no son la excepción.
En las redes sociales se han hecho virales fotografías de soldados registrando las mochilas de los niños.
“No puede suponerse que todos los niños que viven en lugares de extrema pobreza o asediados por estructuras son colaboradores de las pandillas”, dijo a periodistas la abogada defensora de derechos humanos Zaira Navas.
