El proceso de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador podría anularse ante la intervención sistematizada de servidores públicos de Morena, advirtió el presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Desde noviembre a la fecha se han recibido 172 quejas por la violación a la Constitución y normas que regulan la consulta, por lo que se abrieron 25 procedimientos por el uso indebido de recursos públicos.
En conferencia de prensa, los consejeros coincidieron en que este ha sido el proceso electivo con más injerencia gubernamental que cualquier otro, y se ha hecho de manera abierta, descarada e impune, lo que es preocupante.
Córdova adelantó que el INE no sólo entregará a la Sala Superior del Tribunal Electoral el resultado de la consulta del domingo, sino un informe detallado de las condiciones en las que se realizó el proceso, y las irregularidades.
Para que, con todos los elementos disponibles, pueda dictaminar e informar a los Poderes de la Unión.
«Y dictaminar significa juzgar el conjunto de sucesos que ha ocurrido, y claro que le vamos a presentar al Tribunal el diagnóstico de todas las irregularidades que se han venido cometiendo.
«La Sala Superior tomará las decisiones correspondientes y ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos, que de manera sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente descaradamente están violando la ley no traiga como consecuencia, eventualmente, que se decida anular por parte de la Sala Superior este proceso», indicó.
Esto, afirmó, significaría la peor sanción para un proceso democrático.
El consejero Uuc-Kib Espadas consideró que se esperaría un mínimo de autocontención del poder, para no pasar por encima de la ley, pero no fue así.
«Hemos aceptado las condiciones que desde el poder se han impuesto, pese al sabotaje del que somos objeto todos los días. ¿Que algunas de esas casillas van a quedar más lejos? Sí, eso es el resultado directo del sabotaje», dijo.
El consejero Jaime Rivera advirtió a los morenistas que no retan al INE, sino a la Constitución y a las leyes, modificaciones que ellos mismos aprobaron.
«Lo preocupante es que estas conductas infractoras son cada vez más abiertas, reiteradas y desafiantes. El INE está haciendo lo que le corresponde, y de estas conductas fuera de la ley están quedando muchas evidencias a la vista de todos y tendrá que haber consecuencias», indicó.
De las 172 quejas presentadas por partidos de oposición y ciudadanos, de ellas cinco contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuatro contra la Consejería y el vocero presidencial, tres contra la Jefa de Gobierno, 29 contra Gobernadores, 61 contra senadores, y el resto contra otros servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, en su mayoría de Morena.
Los consejeros coincidieron en que es el proceso más violentado de la historia, pese a que el Presidente no tiene un contrincante.
«Se trata de un proceso político intervenido por el gobierno, con esta alteración de las reglas, con esta intervención indebida, y se está fracturando desde el poder el consenso democrático que está plasmado en la Constitución. El gobierno pretende que la Carta Magna sea papel mojado», añadió Ciro Murayama.
Por ejemplo, mientras en el proceso electoral del 2021, en el que participaron 11 partidos nacionales, se recibieron 29 quejas al mes, y en este ejercicio de revocación, 34 mensuales.
De los 25 procedimientos abiertos por uso de ilegal de recursos, de ellos 13 están en la Unidad de lo Contencioso Electoral, entre ellos el uso del avión de la Guardia Nacional en el que viajó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la investigación será enviada a la Sala Especializada del Tribunal.
Otros 12 expedientes están abiertos en la Unidad de Fiscalización.
