La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por lavado de dinero a José María Tapia Franco, ex director para la Gestión de Riesgos en la Coordinación Nacional de Protección Civil, y a una de sus empresas que vendió ventiladores a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la atención de Covid-19.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la FGR al ex funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto y a tres de sus socios en la compañía Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres, según informes del Gobierno federal.
Se trata de Lorena del Paso Bouchez, así como de Daniel Monroy Fuentes y Edwin Alejandro Medina Hernández, estos últimos ex director y ex subdirector de área en Protección Civil, durante la gestión de Tapia Franco.
El organismo hacendario reportó a la FGR que la razón social y sus accionistas registraron operaciones financieras presuntamente ilegales.
El caso fue denunciado inicialmente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pero al tratarse de un caso de supuesto lavado, esa área se declaró incompetente y turnó la investigación a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
En 2009 José María Tapia Franco fue candidato del PRI a diputado asambleísta en la Ciudad de México y luego ocupó cargos en el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido como asesor de la dirigencia nacional, secretario de Vinculación con Zonas Metropolitanas y delegado en CDMX de la Secretaría de Organización.
El 16 de enero de 2013, al iniciar el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue nombrado director del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y luego de la Gestión de Riesgos de la Coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, durante la gestión de Miguel Osorio Chong.
El 15 de octubre de 2016 salió de Gobernación y el 17 de octubre de 2017, a pesar de ser militante priista, suplió en el Senado de la República a Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En febrero de 2018 Tapia Franco fue nombrado coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade en la Ciudad de México y tres meses después lo designaron como comisionado especial de la campaña en Puebla.
El caso que ahora indaga la FGR tiene que ver con la empresa que constituyó el 19 de diciembre de 2018, cuando apenas llevaba unos días de iniciado el presente sexenio.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que esa empresa tuvo un retraso de dos meses en la entrega de 730 ventiladores para la Sedena, los cuales estaban destinados para atender pacientes con Covid-19.
Esta contratación incluía otros 600 ventiladores Hamilton C1 y fue suscrita el 30 de marzo de 2020 por un total de mil 272 millones 573 mil pesos, de acuerdo con la Cuenta Pública de ese año.
Por la dilación en la entrega, la Sedena impuso una pena convencional de más de 61 millones de pesos a la proveedora de Tapia.
A raíz de este señalamiento de la ASF, la UIF inició una revisión de los movimientos financieros de la empresa y sus accionistas, y el 20 de noviembre de 2020 presentó la denuncia por lavado.
