El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas , presentó una demanda de amparo para impugnar la alerta migratoria que se atribuye como fundamento para retenerlo 20 minutos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ) a su de Europa, el pasado 10 de Julio.
Martín Santos Pérez , juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, seguramente hoy al Instituto Nacional de Migración (INM) enviarle copia de la alerta migratoria, pero también instruyó a los abogados de Alito aclarar varios aspectos de la demanda, antes de resolver si la admite un trámite y concede una suspensión.
«Deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, la totalidad de los antecedentes de los actos reclamados, los cuales deberán incluir: si existe algún proceso de naturaleza penal en su contra, las razones por las que se le inició, el estado procesal que guarda , así como si en el mismo se dictó alguna medida cautelar que afecte su salida del territorio nacional», instruyó.
El líder priista enfrenta carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de Campeche , y el 8 de julio, la Presidencia de la República reveló en un tuit publicado por error que la Fiscalía General de la República (FGR) también lo indaga por «tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal».
Hasta ahora, no se tiene conocimiento público de que en estos asuntos existe orden de algún juez de control, local o federal, para impedir que Alito salga del país, pero el 10 de julio, el INM aclaró que la alerta derivó de «una solicitud de autoridades de Campeche», sin aclarar qué autoridad.
Las alertas son avisos de que una persona ha sido incluida en las listas de control migratorio que administra el INM, por existir orden de autoridad competente, norma un juez. En el caso de ciudadanos mexicanos, la alerta no puede impedir su ingreso al País , pero sí su salida.
Acosado por varios flancos, Alito ha comenzado a frecuentar los juzgados federales. En junio, presentó un amparo contra la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores , paratratar de detener la difusión de audios grabados ilegalmente , en los que el priista parece reconocer actos delictivos cuando gobernó esa entidad.
Ante el rechazo de jueces de la Ciudad de México y Campeche para llevar a cabo el caso, fue hasta el martes pasado cuando ese amparo fue admitido, pero el juzgado capitalino se negó a conceder una suspensión provisional para frenar a Sansores.
Sin embargo, el mismo martes, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Monterrey sí concedió a Alito una suspensión de oficio, tras lo cual también envió el amparo a Campeche.
