Fonatur investiga presuntas irregularidades en la concesión del Campo de Golf Litibú de 18 hoyos, diseñado por el golfista Greg Norman y ubicado en Punta Mita en la Riviera Nayarit.
El campo es administrado por la inmobiliaria NED, propiedad de Emilio Orozco de la Garza, hijo de la ex diputada panista Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rosi Orozco, favorecida durante el sexenio de Felipe Calderón con cargos y propiedades en comodato, como la residencia del capo Amado Carrillo «El Señor de los Cielos».
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que prepara una denuncia en contra de Inmobiliaria NED.
El anuncio lo hizo el Fonatur al informar sobre los pasivos contingentes que enfrenta por litigios de carácter civil, laboral, mercantil, administrativo y penal, pero no dio detalles sobre las causas que le imputará a la empresa.
«En espera de recibir contrato con empresa administradora del Campo de Golf Litibú para presentar denuncia», indicó.
Orozco, quien fue diputada federal de 2009 a 2012, fue acusada en noviembre de 2017 por la entonces senadora de su mismo partido, Adriana Dávila, de haber creado junto con su esposo e hijos, entre ellos Emilio, un entramado de empresas para beneficiarse de contratos públicos.
También la acusó de usar el activismo contra la trata de personas para beneficiarse con el uso de distintos inmuebles, alguno de los cuales le fueron retirados en mayo de 2021, entre los que estaba una casa ubicada en Bosques de las Lomas, que tiene un valor de 21.8 millones de pesos.
De acuerdo con información del Fonatur, el 3 de noviembre del año pasado esta entidad celebró con Inmobiliaria NED un Contrato de Operación, Administración y Explotación Comercial del Campo de Golf Litibú.
El pasado 21 de mayo, REFORMA publicó que el Órgano Interno de Control (OIC) en el Fonatur estaba indagando por qué se le había otorgado a Inmobiliaria NED una prórroga y una autorización para pagar a plazos un inmueble ubicado en el Campo de Golf.
De acuerdo con la solicitud de aclaración formulada por el OIC, el 2 de septiembre de 2021 la inmobiliaria presentó una carta de intención para adquirir el lote identificado con el número 16-B, de la zona 01, con uso de suelo de equipamiento turístico.
El 14 de enero de 2022, la empresa solicitó una prórroga para la adquisición del lote referido, por lo que el director de Comercialización autorizó por última ocasión la prórroga solicitada, condicionada a la entrega de los documentos, a más tardar el 27 de enero del mismo mes y año.
El 31 de enero, ya vencido el plazo, Fonatur solicitó a su Subdirección de Mecanismos Financieros y Administración de Inversiones Patrimoniales que analizara y autorizara mediante dictamen la capacidad de pago de la inmobiliaria, toda vez que requería realizar la compra a plazos en un periodo de cinco años.
«Se considera importante que se aclare la razón por la que no se canceló la operación de venta, esto a razón de que se incumplió en el plazo de entrega de documentos, además de que se explique por qué se solicitó a la Subdirección de Mecanismos Financieros el análisis y dictamen de la compra a plazos, toda vez que no cumplió en tiempo y forma con el depósito de la garantía», indica el oficio remitido por el OIC.
Articuló panista red para ganar contratos
La trama de escándalos que protagonizaron Rosi Orozco y su esposo, Alejandro Orozco Rubio, comenzó a tejerse con su acercamiento al ex Presidente Felipe Calderón.
«A mí me llena de energía el verlos a cada uno de ustedes. Oren mucho para que Dios me dé la fuerza y sabiduría para poder conducir a este gran país», pidió Calderón como candidato, durante un evento con cientos de evangélicos organizado por la polémica pareja.
Fundadores del grupo La Casa sobre la Roca, Rosi Orozco y su esposo medraron con su cercanía con el que sería Presidente y se hicieron de cargos y propiedades.
En una primera etapa, Rosi Orozco ganó simpatía en las filas del PAN, que la arropó con una diputación federal. En San Lázaro, presidió la Comisión Especial sobre Trata de Personas.
«Fue la principal impulsora de la iniciativa de Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas», reseñó en su página oficial.
Paralelamente, entre 2007 y 2008, Alejandro Orozco fue nombrado director de Atención a Grupos Vulnerables del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Posteriormente, se convirtió en el Director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.
La entonces senadora panista Adriana Dávila documentó la trama que empezaba a urdir la pareja con la lucha contra la trata de personas como fachada. Con sus vínculos con congregaciones cristianas y evangélicas, se granjeaban beneficios políticos y económicos.
De hecho, armaron una red de empresas registradas a nombre de sus familiares, con la cual conseguían recursos públicos mediante contratos y convenios. Entre 2015 y 2016, recibieron casi 14 millones de pesos.
En mayo de 2019, la trama comenzó a desdibujarse: el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado informó que tenía bajo su custodia y sería vendida una propiedad de la pareja.
Valuado en casi 22 millones de pesos, el inmueble de 440 metros cuadrados está en la colonia Lomas de Barrilaco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
