La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió hoy, con efectos generales, la orden de la Secretaría de Energía (Sener) para obligar a las empresas privadas a comprar gas natural a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Un ministro o ministra de la Corte, cuya identidad aún no es pública, concedió la suspensión en una controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La suspensión abarca «los efectos y consecuencias» del oficio de 13 de junio de la titular de Sener, Rocío Nahle, así como de otro emitido por el Centro Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas).
Este último notificó el 27 de junio a las empresas privadas nueve puntos de recepción específicos del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) sujetos a la directiva en favor de las empresas estatales, y les dio hasta el 13 de agosto para acreditar que ya contrataron el suministro con Pemex o CFE.
El Gobierno puede impugnar la suspensión ante una Sala de la Suprema Corte, que en el mejor de los casos resolvería a finales de año.
Los tres jueces especializados en Competencia Económica ya habían concedidomúltiples suspensiones definitivas en amparos promovidos por empresas privadas contra los mismos oficios.
Pero estas suspensiones no tienen efectos generales, sino que sólo benefician a las empresas que presentaron los amparos.
La Corte podría tardar entre seis meses y un año para resolver si invalida los oficios impugnados.
Desde junio, el sector privado advirtió que esta medida es inconstitucional y el Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó instalar una «mesa de diálogo» sobre el tema.
Al respecto, Brenda Hernández, comisionada presidenta de la Cofece, señaló desde entonces que, en caso de ponerse en marcha la estrategia de Sener, no sólo se incrementarían las tarifas de gas natural sino también de la electricidad, ya que si existe menos competencia en su distribución, los costos tenderían a subir.
Añadió que se estaría forzando a que se adquiera el gas natural por parte de alguien que es su competidor en la generación de energía, y esto genera incentivos para que la CFE pueda poner condiciones que afecten a los competidores en producción de electricidad.
«Por un lado, se constriñe a los permisionarios para que acrediten el suministro de gas natural por parte de alguna de las empresas productivas del Estado, y se les obliga a contratar el servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades en el Sistrangas con dichas empresas y, por la otra, se le otorga una ventaja competitiva a la CFE, así como a las empresas productivas del Estado, es claro que en apariencia existe una transgresión a los principios Constitucionales de competencia y libre concurrencia», afirmó uno de los jueces que concedió suspensiones a las empresas.
Según la Sener, los recursos del Estado no están siendo utilizados de manera óptima, porque la CFE sólo aprovecha entre el 68 y 41 por ciento de la capacidad que ha contratado en gasoductos mexicanos y estadounidenses.
