La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Constitución para prohibir la discriminación en el mercado laboral de personas mayores por medio de límites de edad en la contratación de hombres y mujeres.
Por unanimidad, con 461 votos, se avalaron reformas al artículo 123 de la Constitución.
El pleno aprobó una reforma a la fracción III del Apartado A, referente a los contratos de trabajo para obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general a todo tipo de empleados.
«Tampoco podrá establecerse un límite máximo de edad para la contratación u ocupación de un empleo», se agregó.
En tanto, en la fracción VII del Apartado B, referente al sector público, se indica que entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores «en ningún caso podrá establecerse una restricción de edad máxima para el acceso o continuación en un cargo dentro del sector público».
El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales indica que la participación de la población adulta mayor tiene impactos positivos en la sociedad a nivel general, toda vez que aporta experiencia, productividad y vitalidad.
Sin embargo, se señala, este sector enfrenta exclusión laboral, no solo en el sector privado, sino que en el sector público hay también limitaciones para el acceso a los cargos de más alto nivel jerárquico.
La diputada Karla María Rabelo Estrada expuso en tribuna que las personas adultas mayores enfrentan discriminación laboral, por lo que era necesario salvaguardar sus derechos y libertades fundamentales, bajo una perspectiva de progresividad.
«Se proponen dos modificaciones para garantizar a las personas de la tercera edad el derecho al trabajo, sin que medie discriminación alguna, lo que implica que ningún empleador, tanto en el sector público como en el privado, podrá establecer un límite máximo de edad para la contratación de un empleado.
«Esa disposición permitirá a las personas adultas mayores seguir participando en la vida laboral y económicamente productiva del País», afirmó.
El dictamen fue enviado al Senado para su revisión y posible aprobación.
El pleno también aprobó una reforma al artículo cuarto de la Constitución, sobre el derecho a la vivienda.
Con 456 votos a favor, también por unanimidad, se estableció que «toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada«.
El mismo artículo indica que en la legislación secundaria se establecerán los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
