Sin reparar en que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) está en números rojos, el Tribunal Electoral le ordenó entregar a los siete partidos políticos locales su financiamiento público de octubre a diciembre, alrededor de 118 millones de pesos.
Ese organismo electoral ha vivido un año difícil, luego de que el Congreso capitalino, en el que Morena es mayoría, le aplicó un recorte de 753.9 millones de pesos.
De los mil 955 que solicitó, le aprobaron mil 201 millones, de los cuales, 472 millones eran para las prerrogativas de los partidos políticos locales.
Durante todo el año, el Instituto advirtió que a partir de octubre no tendrían para pagar el financiamiento, corrían riesgo las prestaciones de 600 empleados.
Para compensar el recorte, el OPLE suspendió actividades, servicios y demás proyectos.
El organismo pidió una ampliación de 198 millones 510 mil al Gobierno capitalino, pero fue rechazada.
El Tribunal Electoral local le había dado la razón al Instituto y demandó al Congreso y al Gobierno local entregar una ampliación, sin embargo, la Suprema Corte dejó sin efectos esa sentencia hasta resolver dos controversias pendientes.
El organismo electoral informó el martes que entre ahorros y cancelación de proyectos únicamente habían reunido 61 millones de los 118 millones de pesos.
De acuerdo con consejeros electorales de la Ciudad de México, en días pasados explicaron a las potencias de los magistrados cuál era su situación financiera.
Sin embargo, en su resolución aprobada este miércoles, la Sala Superior argumenta que los institutos locales deben garantizar las ministraciones a los partidos políticos.
Afirmó que el IECM no tenía la facultad incidir en la asignación del financiamiento público de los partidos.
Esto porque pese a los recortes que están sufriendo anualmente los OPLES, el dinero asignados a los institutos políticos no se reduce, al contrario, cada año se incrementa, con el argumento de que es una «prerrogativa que se cataloga como un recurso fijo, irreductible, periódico y previsible».
«El hecho de que los recursos de los partidos sean entregados por los organismos electorales administrativos en modo alguno implica que puedan realizar retenciones o modificaciones a las ministraciones que legalmente les corresponde», se informó durante la sesión del Tribunal, que no ha publicado la sentencia.
