CIUDAD DE MÉXICO.-El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para disponer de recursos abandonados en las instituciones financieras y destinarlos a la seguridad pública.
El dinero abandonado podría superar los 10 mil millones de pesos, provenientes tanto del crimen organizado como de particulares que no lo han reclamado.
Morena ofreció primero que el 70 por ciento de los recursos fueran para los municipios y 30 por ciento a las entidades federativas, pero de última hora el coordinador, Ignacio Mier, cambió la propuesta para que la Federación se quede con el 45 por ciento de los recursos.
Dijo que el dinero se destinaría a la Guardia Nacional, la cual ya está adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pese a la reducción para los municipios, el dictamen se aprobó con 483 votos a favor y una abstención de la panista Mariana Mancillas. Se turnó al Senado para su revisión.
Mier promovió la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito dentro del debate que se generó por el dictamen que prolonga al 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
El coordinador y la diputada Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad, presentaron una primera iniciativa el 21 de septiembre, con la propuesta del 70 por ciento para los municipios, la cual se turnó a la Comisión de Hacienda.
Sin embargo, Mier presentó hoy en tribuna otra iniciativa y pidió la dispensa de trámites, en la que se redujo el apoyo a los municipios al 25 por ciento.
Antes, entre las bancadas circuló otra propuesta, donde se hablaba de un 30 por ciento para los municipios, 30 por ciento para los estados y 40 por ciento para la Federación.
En el artículo 61 de dicha ley se establece que los derechos derivados de las cuentas e inversiones abandonadas en las instituciones financieras se depositarán en una cuenta global, luego de tres años sin movimiento alguno.
Luego de otros tres años en la cuenta global, tales recursos podrán ser tomados por el Gobierno, si nadie los reclama.
«Los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global, con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, se destinarán en favor del Gobierno Federal y los ingresos que se obtengan se deberán destinar a la dependencia de la Administración Pública Federal encargada de la Seguridad Pública, para que realice políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se establezcan», se señala sobre el reparto del dinero.
Se agrega que las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública, dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año fiscal previo.
«Los recursos ubicados en la cuenta global son cuentas en abandono, se originan de una suerte de bien bancario de carácter ‘mostrenco’ y pueden ser debidamente orientados para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las áreas del Estado encargadas de la protección y el restablecimiento de las condiciones de estabilidad y cohesión», se argumenta en la iniciativa.
Aunque diputados del PAN cuestionaron los resultados de las políticas de seguridad pública del actual gobierno, manifestaron su voto a favor en lo general.
También reclamaron el cambio en el porcentaje del dinero que será repartido a los municipios y que el dinero se lo quede la Federación.
Los panistas presentaron reservas para regresar a la propuesta original o subirle al 30 por ciento la propuesta para los municipios o dejarles el 50 por ciento, y nada para la Federación.
Todas las propuestas fueron rechazadas por la mayoría.
