CIUDAD DE MÉXICO.- La transferencia operativa y administrativa de la Guardia Nacional al Ejército fue congelada por el momento por una jueza federal con residencia en Guanajuato.
Karla María Macías Lovera, titular del Juzgado Noveno de Distrito, concedió a la organización Uniendo Caminos México una suspensión provisional en contra del decreto avalado en septiembre por diputados y senadores para que la corporación esté a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La suspensión provisional es para el efecto de que la corporación continúe bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como se establece en el artículo 21 de la Constitución, así como para que la SSPC y la Defensa Nacional suspendan de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales.
De acuerdo con la resolución de la jueza, en el supuesto de que dicha transferencia haya iniciado ya, deberán restituirse todos los recursos de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en los términos previstos en el presupuesto de egresos de 2022.
La jueza pidió al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, realizar los actos necesarios para que no se lleve a cabo la transferencia de recursos de la SSPC a la Sedena, y para que se restituyan aquellos ya transferidos. Además, dio un plazo de tres días, contados a partir de la notificación, para que las autoridades responsables, así como a las vinculadas al cumplimiento de la medida, le informen el cumplimiento de la suspensión.
La pausa provisional es la primera que se otorga en los 53 juicios de amparo colectivos que interpusieron diversas organizaciones y ciudadanos, con el fin de que se declare inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército.
Se trata de Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México, Unión Cívica 1 país, Firma Jurídica AC&AC A Asociados, Tojil, EeK y ciudadanos.
Las organizaciones sociales señalaron que se han mantenido luchando jurídicamente desde la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, promovida en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, y los acuerdos militares de colaboración de seguridad pública promovidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Advirtieron que seguirán insistiendo en que la militarización de la seguridad pública en el país no es la solución.
