Sin tener un fallo judicial, el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) vendió siete vehículos de lujo asegurados a una organización delictiva de hackers, y ahora enfrenta una demanda.
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Y es que las unidades de alta gama, como Ferrari, Lamborghini, McLaren y Mercedes Benz, legalmente no podían ser enajenadas y al parecer no eran propiedad de los acusados.
El 15 de mayo de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército desmantelaron en León, Guanajuato, a la organización de hackers autodenominada «Bandidos Revolutions Team», acusada de robar al menos 300 millones de pesos a distintos bancos.
En el operativo se detuvo a nueve presuntos miembros de la organización, entre ellos al líder Héctor Ortiz Solares, «El H-1». Al día siguiente, la Fiscalía les aseguró 27 vehículos. La empresa Intermediaria Sotecami reclamó por la vía judicial la devolución de 11, ya que aseguró haber suscrito contratos de consignación para su venta.
Siete meses después, el Indep vendió 7 de esos carros en la megasubasta efectuada en Los Pinos el 15 y 16 de diciembre de 2019.
El organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda, ingresó 28.6 millones de pesos por la venta de los vehículos a personas originarias de Sinaloa, Querétaro, Quintana Roo, Estado de México y Guanajuato.
Sin embargo, en esas fechas ninguno de los vehículos tenía una sentencia de decomiso, extinción de dominio o declaratoria de abandono, con lo que se podría hacer uso de las unidades.
REFORMA solicitó al Indep su versión sobre este asunto y respondió que primero iban a revisar la información del caso, antes de emitir una postura.
Intermediaria Sotecami asegura en su demanda judicial haberse enterado de la subasta hasta el 24 de septiembre de 2020, es decir, nueve meses después de que los carros fueran vendidos.
Fue en esa fecha cuando reclamó por escrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) levantar el aseguramiento y devolverle los autos. Como la respuesta fue negativa, presentó un amparo.
El aseguramiento es una medida precautoria temporal que impide que un bien pueda ser enajenado o trasferido mientras se lleva a cabo una investigación y se determina la responsabilidad o inocencia del propietario; es decir, las autoridades no pueden disponer de ellos, hasta el dictado de una sentencia firme de culpabilidad y que ordene el decomiso.
Funcionarios de la FGR consultados comentaron que en este caso no hubo una declaratoria de abandono y, si bien se presentó una demanda de extinción de dominio, los bienes que se reclamaron en ella fueron las cuentas bancarias de los hackers y no sus vehículos.
El titular de la FEMDO, Alfredo Higuera Bernal, solicitó a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos indagar cualquier posible delito cometido por fiscales federales en el caso de los vehículos asegurados a los hackers.
Pero este asunto ya escaló al grado de que un juez federal también abrió un procedimiento por desacato judicial en el cual pidió analizar la destitución de altos funcionarios, aunque no del INDEP, sino de la FGR, entre ellos el propio Higuera.
