Por Raúl Contreras Bustamante
La primera presidenta de la Suprema Corte
La historia constitucional de nuestro país reporta que una vez consumada la Independencia, en el acta constitutiva de 1824 se previó que el Poder Judicial de la Federación estaría depositado en: “los tribunales que se establezcan en cada estado” y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como consecuencia, nuestra Suprema Corte comenzó sus labores el 15 de marzo de 1825 y tuvo como primer presidente a don Miguel Domínguez, antiguo corregidor de Querétaro. A lo largo de 197 años, la Suprema Corte estuvo encabezada por grandes juristas, todos del sexo masculino.
Esta breve —pero obligada— referencia histórica tiene sentido dada la reciente designación de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este importante hecho significa un episodio trascendental porque inaugura una nueva era que materializa la conquista de los esfuerzos de muchas mujeres que a lo largo de la historia de nuestro país han batallado por conseguir espacios donde sus voces sean escuchadas con igualdad.
En la vida de nuestro máximo tribunal sólo han llegado a ocupar un sitial en él 14 mujeres, casi todas ellas egresadas de la Facultad de Derecho de la UNAM: María Cristina Salmorán de Tamayo, primera mujer en el pleno de la Corte; Livier Ayala Manzo —quien falleció al día siguiente de su designación—; Gloria León Orantes, Fausta Moreno Flores, Victoria Adato Green, Martha Chávez Padrón, Irma Cué Sarquis, Clementina Gil Guillén, Olga Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos, Norma Piña Hernández, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y, de manera reciente, Loretta Ortiz Ahlf.
Es cierto, las mujeres cada día ocupan más espacios en nuestro país, sin embargo aún estamos lejos de una igualdad plena. Según datos ofrecidos por el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2021, en el Poder Judicial de la Federación, casi la mitad del personal se conforma por mujeres (49.6%), lo que indicaría a primera vista que se habría alcanzado la paridad; sin embargo, la cifra se reduce a 22.5% en puestos para la impartición de justicia.
Haciendo un análisis comparativo, las cortes supremas en América Latina siguen casi la misma suerte, pues la proporción de mujeres ministras en los máximos tribunales es de un 30.4 por ciento.
Dentro de los países que poseen la más alta participación de mujeres destacan Guatemala y Panamá. Ambos países han superado la paridad con cifras de un 58.3% y 55.6%, respectivamente y les siguen Venezuela con 50%, Nicaragua 41,7% y Uruguay 40 por ciento.
El principio de igualdad en un régimen democrático debe ir más allá de que las políticas públicas traten de atender a las personas por igual, sino que debe garantizar que las opiniones de todos tengan el mismo peso. Por ello, es de celebrar el desmantelamiento de prácticas históricas autoritarias que han relegado a las mujeres en la vida pública de la sociedad.
La llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser para todos los mexicanos motivo de orgullo y enorme satisfacción, pues su elección fue producto del reconocimiento del trabajo de toda su vida, caracterizada por el esfuerzo, la dedicación y la defensa de los derechos de las mujeres.
Su larga experiencia judicial y la formación como maestra en activo de la materia de amparo en nuestra institución educativa, habrán de influir en las sentencias de la Suprema Corte; y confiamos que abonará a la construcción de un México más justo para todos.
Como Corolario, las palabras de la escritora estadunidense Frances Wright: “La igualdad es el alma de la libertad; de hecho, no hay libertad sin ella”.
