Alexis Massieu
Tras las rejas y en espera de la segunda audiencia en la que se definirá su situación legal, se quedó el ex alcalde de Monclova Gerardo “N”, el día de ayer, luego de ser llevado ante un juez y ser acusado de darle en menos de un año, 5 “jugosos” contratos a un mismo proveedor, pagándole en suma 6 millones 544 mil 284 pesos por carpeta y asfalto, en perjuicio del Ayuntamiento.
Fue a las 11:30 horas, que de manera virtual se celebró la primera audiencia relativa a la causa penal 27/2023, en la que se imputó a Gerardo “N”, la comisión del delito de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades, contemplado en el artículo 448 del Código Penal de Coahuila; en su modalidad de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o colocaciones de fondos, realizados ilegalmente.
El ahora empresario compareció a la audiencia desde el Centro Penitenciario de la Ciudad de Saltillo, y estuvo representado por cuatro abogados particulares que trataron de echar abajo el caso de los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía especializada en casos de corrupción.
Los pormenores de la ejecución de la orden de arresto fueron expuestos al Juez Oscar Cadena García, quien decretó de legal, la detención ocurrida el pasado viernes cerca de las 13:35 horas en la calle Matamoros y Allende en la Zona Centro, siendo llevado de inmediato a las instalaciones de la FGE, y de ahí a Saltillo, donde lo internaron en el Centro de Readaptación Social.
Luego entonces, el juez concedió el uso de la voz al Ministerio Público, quien realizó la imputación del delito que presuntamente se cometió dentro de un periodo que va del 2 de mayo al 14 de noviembre del 2017, favoreciendo supuestamente a una empresa llamada Hevil Construcciones S.A. de C.V. y a su propietario o representante de nombre Eugenio Hernández.
Según las investigaciones de la Fiscalía especializada, se le dieron de manera directa a la referida constructora, 5 contratos, todos por sumas que rebasaron el millón de pesos, lo cual contraviene lo establecido en la ley de adquisiciones y arrendamientos del Estado de Coahuila y constituye un delito, dado que lo legal; era haber realizado una licitación.
En ese sentido, el Ministerio Público señaló al juez, que esos contratos celebrados por Gerardo “N” y su entonces Tesorero Juan Carlos “N”, con la constructora, son ilegales por superarse el monto permitido para adjudicaciones directas en un periodo menor a un año, dándoselos a la misma persona y con el mismo objeto que fue adquirir asfalto para el programa de bacheo.
Una vez señalado que a Gerardo “N” se le acusa de ser coautor material de los referidos actos de corrupción, y que todo ello lo habría hecho con dolo, el Ministerio Público pidió su vinculación a proceso, ante lo cual la defensa y el imputado pidieron al juzgador les concediera como plazo la duplicidad del término constitucional para aportar pruebas de su inocencia, consistente en 144 horas tras las que deberá continuar el juicio.
PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL GALLO
Pese a que la autoridad judicial consideró que no existían al momento de celebrarse la audiencia, razones que hicieran suponer que Gerardo “N” pretendiera sustraerse del proceso penal que se sigue en su contra, de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público salió a relucir que con base a varios incidentes de amenazas a quienes pueden tener información del caso, de dejar al ex alcalde en la calle la investigación se ponía en riesgo.
A poco de iniciar la audiencia, los agentes de la Fiscalía Anticorrupción ya habían expuesto que las investigaciones que llevaron a cabo, se iniciaron a raíz de una nota periodística en la que se hacía mención de los contratos que se presume se otorgaron ilegalmente, y que hubo amenazas a reporteros y ciudadanos que denunciaron públicamente el caso.
Debido al riesgo que podrían correr las personas a las que según las primeras investigaciones Gerardo “N” amenazó, al grado de implicar en ello a su familia, y a que muchas de las personas que trabajaron en esa administración podrían verse influenciadas por el imputado, el juez optó tras un intenso debate por decretar por medida cautelar la de prisión preventiva justificada como lo solicitó el Ministerio Público.
Por esa razón, y hasta en tanto no se lleve a cabo la segunda parte de la audiencia inicial programada para el 19 de enero a las 09:00 horas, en la que se decidirá si a Gerardo “N” se le vincula o no a proceso, el ex presidente municipal permanecerá en la cárcel.
LO NIEGA TODO
Pese a que no se le consideró como una declaración, al finalizar la primera audiencia en el caso donde Gerardo “N” es el acusado y la víctima el Ayuntamiento al que encabezó del 2014 al 2018, el auto nombrado “Gallo de Acero”, aprovechó la oportunidad que le dio el juez para señalar que las acusaciones en su contra no eran ciertas.
“Es totalmente falso que haya acudido a un medio de comunicación para hacer amenazas, o que haya hecho amenazas a Flores Sosa, donde todo lo contrario yo fui víctima de él, de sus actos difamatorios, es falso lo de las amenazas y que yo sea dueño de una empresa de suministros y gases, no es mi empresa, es falso que sea propietario de Cordigas, de donde fui fundador”, señaló el entonces ya imputado del delito de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades, respecto de lo cual no dijo nada.
SEGUIRÁN LAS INVESTIGACIONES
Dentro del juicio contra de Gerardo “N”, aún existen algunas dudas, ya sean relativas a puntos que no se han abordado por las autoridades durante la primera audiencia o que aún están aún investigándose, como puede ser la participación en los contratos “fraudulentos” por parte del ex tesorero Juan Carlos “N”.
Una de las cosas en las que se enfocarán los agentes de la Fiscalía especializada en casos de corrupción, será de recabar más datos de prueba de las personas que denunciaron públicamente la aparente corrupción durante la administración de Gerardo “N”, y que por esa razón fueron presuntamente amenazadas, incluyendo una afrenta a un medio de comunicación.
La Presidencia Municipal, tanto con sus archivos como con los ex y sus actuales funcionarios podrían ser claves en éste caso, pudiendo aparecer más operaciones fraccionadas, que son el mecanismo ilegal con el que se buscó evitar las licitaciones en ese periodo.
