Por Ivonne Melgar
Van los 11 del INE vs. plan B
Los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) avalaron públicamente este miércoles una estrategia contra el plan B que Morena y sus aliados aprobaron en el Congreso.
Quieren que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral (TEPJF) y diversas instancias a las que habrán de recurrir suspendan la aplicación de esas reformas secundarias antes del 2 de junio, fecha límite para que entren en vigor, y confían en que serán invalidadas.
Se trata de una definición colegiada que se hizo pública en la sesión de Consejo General del día 25 de enero, dejando al descubierto que ninguno de los 11 consejeros confía en la viabilidad ni en la pertinencia del plan B. El anuncio revela un evidente fracaso político de la reforma morenista: los 11 consejeros les dicen no a esas reglas electorales. La determinación manifestada ese día y en una conferencia de prensa del jueves 26 es prueba de que el golpeteo al INE y la reforma que busca descuartizarlo terminó fortaleciendo la defensa de la autonomía del árbitro electoral, y que la colonización que la autoproclamada cuarta transformación pretendía no se logró hasta ahora.
Y aunque Morena sigue con el cuento que qué malos son Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, sus dirigentes, funcionarios y legisladores tendrán que prepararse para la lluvia de amparos que interpondrán cientos de integrantes del servicio profesional electoral por los 2 mil 600 despidos que el Plan B conlleva, incluido el del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, quien con el respaldo colegiado impugnará el artículo transitorio que explícitamente pide su renuncia para un día después de que las reformas entren en vigor. Al respaldar el informe que enumera la gravedad de las implicaciones del plan B, los 11 consejeros fijaron postura. Aquí una muestra del tono de sus señalamientos públicos.
Norma de la Cruz Magaña: “De aprobarse el proyecto de reforma en sus términos, desde este Instituto ejerceremos y utilizaremos todas las vías jurídicas necesarias para impugnar aquello que obstaculice al ejercicio de la función electoral, vulnere nuestra autonomía y lesione los derechos laborales de las y los trabajadores de este Instituto”.
Carla Humphrey: “Resulta preocupante una reforma que queriendo dañar gravemente a nuestra institución, pretende eliminar el 85 por ciento del personal del Servicio Profesional Electoral que es, ha sido y será nuestra columna vertebral, en contra de lo que señala la Constitución”.
Martín Faz: “Es nuestro deber evidenciar con datos duros y sustento empírico, cómo esta reforma afecta los procedimientos electorales, amplía privilegios de los partidos políticos, los exime de responsabilidades, levanta restricciones a servidores públicos y debilita a la autoridad electoral, lo que sólo se puede traducir en un menoscabo en la equidad de la contienda, que tantos años ha costado construir”.
Ciro Murayama: “Esa afectación a la estructura del INE viola el artículo 41constitucional, que señala que los órganos ejecutivos y técnicos del INE contarán, cito la Carta Magna, con personal capacitado necesario. Al despedir injustificadamente violan también los derechos laborales”.
Dania Ravel: “Tomé protesta para guardar y hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanen y, por tal motivo, asumo como una obligación el expresar mi preocupación ante temas que no son armónicos con la norma básica y pueden representar un retroceso en términos democráticos a lo conquistado en esta materia durante más de tres décadas”.
José Roberto Ruiz Saldaña: “¿Estarían (Morena, PT, PVEM) como partidos, dispuestos a no tener el 84 por ciento de sus representantes de casilla en las jornadas electorales y representantes generales?”.
Jaime Rivera: “La más grave afectación por los efectos nocivos, por la forma burda, hasta brutal de proponerse, es la amputación de los órganos distritales del Instituto Nacional Electoral, y la mutilación de las juntas locales y direcciones ejecutivas y unidades técnicas; busca esta reforma suprimir los brazos ejecutores de las atribuciones del INE y, por lo tanto, afectar gravemente a la democracia mexicana”.
Adriana Favela: “Me sumaría a solicitarle al consejero presidente que se instruya al secretario ejecutivo del INE para que se presenten todos los instrumentos jurídicos para que se plantee ante las instituciones correspondientes la posible inconstitucionalidad de la reforma electoral”.
