Alexis Massieu
Un auto de vinculación a proceso le dictó un juez penal el día de ayer, a la pareja que fue acusada de cometer un fraude por más de 52 millones de pesos, y a la cual dejó en libertad cambiando la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la de firmas periódicas para que puedan seguir su proceso en libertad.
A los imputados, el juez Oscar Cadena García, les ordenó un embargo provisional de una cuenta bancaria, donde presuntamente el Infonavit les depositó el dinero de la venta de las casas, además asegurarles los bienes con los que cuente la empresa “3F”, propiedad de uno de los implicados y mediante la cual las venden, como garantía para la reparación del daño.
Fue a las 10:59 horas que dio inició la segunda parte de la audiencia inicial relativa a la causa penal 62/2023, por los delitos de fraude de cuantía mayor con modalidad agravante, y robo con tenencia precaria, donde María de Lourdes “N”, es el autor material en el primero de los delitos, y Felipe su cómplice, invirtiéndose los papeles en cuanto al robo.
Según trascendió en la maratónica audiencia que culminó a las 14:26 horas, todo comenzó en el 2017 con el proyecto 12 de diciembre en el que 3 socios, invirtieron 12 millones de pesos para la adquisición del predio donde antiguamente se encontraba el ejido San Miguel, consistente en 67 mil 832 metros o 36 hectáreas, de las cuales, destinaron 6 para la construcción de un fraccionamiento, en el que se creó una subdivisión para 68 lotes.
De los dueños originales que llegaron al juicio, están Juan Antonio y Luis Alfonso “N”, además de un tercer afectado, Raúl “N”, quien adquirió más tarde los derechos que sobre la propiedad tenía la empresa Constructora Fuentes Velazco.
Los afectados—se dijo– supieron del supuesto fraude, el día 12 de octubre del 2021, cuando le pidieron informes a su comisionista Felipe “N”, sobre la venta de las casas, y se negó a hacerlo, y al ir al fraccionamiento vieron varias viviendas ya ocupadas, luego entonces al indagar, descubrieron que había en medio de todo, un contrato de compraventa celebrado mediante supuestos engaños con el representante legal de uno de los afectados, Rogelio “N”.
Según la acusación del Ministerio Público, y Rosario Rocha Conteras, la asesora de las víctimas, los imputados sin tener derecho sobre el terreno, como tampoco sobre las 60 casas que se construyeron, vendieron 48 de ellas mediante créditos del Infonavit, que llevó a que les fueran depositados 23 millones 894 mil 816 pesos, en la cuenta de María de Lourdes “N”, y la empresa de la que es copropietaria, identificada como “3F”.
En respuesta, los abogados defensores, encabezados por Isaías Loyola, señalaron que el terreno en el que se encuentran las casas, es propiedad de los imputados, y que por el pagaron 3 millones 500 mil pesos a Rogelio “N”, quien es hermano y representante legal de uno de los tres afectados, y que de haber un fraude, Rogelio tendría que haber sido señalado y llevado a juicio.
Tanto el Ministerio Público como la asesora legal de las víctimas, rebatieron el hecho de que exista un contrato de compraventa en el que se escudó la defensa de Felipe y María, asegurando que se trató de un engaño, en el que abusando de que se trata de parientes, engañaron a Rogelio “N”, para que firmara, diciéndole que se trataba de un poder notarial.
En su contrataque, la asesora y el agente de la Fiscalía, aseguraron, que aun y cuando la compraventa pudiera ser legal, no es válida, porque en ella no participaron los 3 copropietarios, y de entre todo el terreno llano, los acusados tomaron precisamente la porción del predio donde ya se había edificado.
Atendiendo a que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público fueron suficientes para acreditar la probable participación de los implicados en la comisión de los delitos de fraude y robo, el Juez Oscar Cadena García, resolvió dictar en contra de María y Felipe “N”, un auto de vinculación a proceso, y conceder un plazo de 2 meses para la investigación complementaria a la defensa y al Ministerio Público.
GARANTÍAS PARA LOS IMPLICADOS
Para garantizar los derechos de todos los implicados en el proceso penal, el Juez Oscar Cadena García, dictó al finalizar la audiencia, varias medidas cautelares, tendientes a preservar los bienes que reclaman como suyos las víctimas, que los imputados no se sustraigan del proceso, y que prevaleciera la presunción de inocencia Felipe y María “N” siguiendo su juicio en libertad.
Esas decisiones, fueron tomadas por el juzgador con base a lo expuesto tanto por la asesora legal, el Ministerio Público, y la defensa de los acusados, quienes acreditaron que sus clientes tienen arraigo en ésta localidad, y que no existían argumentos suficientes para pensar que se fueran a sustraer de la justicia, dado que aquí formaron una familia, y tienen un negocio propio.
Por su parte, la asesora de las víctimas, argumentó que pese a que se presentó una denuncia pública y una demanda civil con motivo de la venta de las casas, los imputados continuaron vendiéndolas y adjudicándoselas a terceros, como fue en favor de sus hijos, y para que eso no continuara en perjuicio de los afectados, solicitó que se decretara un embargo.
Por esa razón, al momento de resolver que medidas cautelares serían aplicables, el juez resolvió dejar sin efectos la medida de prisión preventiva que se había decretado en la audiencia anterior, la cual se cambió por la de firmas periódicas cada 15 días en favor de Felipe y María “N” quienes no deberán abandonar el distrito de Monclova y en señal de buena fe entregaron sus pasaportes.
Por último, para que no se enajenen más de los bienes que están en conflicto con motivo del presunto fraude por 52 millones 319 pesos con 52 centavos, ordenó un embargo de las propiedades de la empresa “3F”, mediante las que se venden las casas, el aseguramiento de una cuenta bancaria, agregando el juez, que en caso de incumplimiento, ello implicaría un desacato.
