CIUDAD DE MÉXICO.- El Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló la licitación para contratar el sistema de voto electrónico por internet de los mexicanos residentes en el extranjero, de 2023 a 2025, tras acusar presunto favoritismo hacia la empresa española Indra.
Después de una investigación de oficio que inicio en septiembre de 2022, el OIC anuló el concurso el 25 de enero.
Indra Sistemas México, y otras dos filiales de Indra con sede en España, habían ganado el contrato para el periodo 2019 a 2021, por un monto mínimo de 39.6 millones de pesos y máximo de 66.4 millones de pesos, mismo que fue renovado para seguir vigente hasta el cierre de 2022.
Para 2023 y 2024, el INE preveía un presupuesto máximo de 6 millones de dólares, unos 113 millones de pesos, con el monto para 2025 aún por definir.
El 8 de septiembre, cuando ordenó suspender la nueva licitación, el OIC acusó que los requisitos técnicos estaban dirigidos a favorecer a una sola empresa; que la investigación de mercado fue deficiente, porque dicha empresa fue la única identificada como capaz de proveer los servicios, y que ni siquiera se justificaba la necesidad de asignar los servicios por tres años.
El OIC también pidió explicar «por qué si el INE es propietario del código fuente, el proveedor podrá comercializar, actualizar y/o modificar su software, sin restricción alguna, conservando la propiedad intelectual del mismo, y si esto pone en riesgo la seguridad de la información del sistema».
Como «medida adicional de salvaguarda», el OIC autorizó al INE para contratar mediante invitación restringida o adjudicación directa, pero expresamente le prohibió hacerlo con «proveedores contratados con anterioridad para dicho servicio».
Indra reaccionó de inmediato. El 26 de septiembre presentó un amparo, en el que acusó al OIC de actuar ilegalmente al impedirle participar en la licitación.
Si bien un juzgado desechó el amparo, un tribunal colegiado de circuito ordenó el 8 de diciembre admitirlo a trámite
El 25 de enero, el juez Víctor Luna Escobedo se negó a suspender los actos del OIC, que el mismo día anuló la licitación.
Ahora, el INE puede convocar a un nuevo concurso o adjudicar directamente, pero tendrá que excluir a Indra, cuyo amparo tomará varios meses para una sentencia final sobre la legalidad de los actos del OIC.
