5 de cada 10 personas que laboran en la industria manufacturera son mujeres, el 57% de ellas no cuenta con prestaciones, seguro ni contratos fijos, además de enfrentar acoso y violencia de sus empleadores
La Silla Rota
En 2019, se implementaron una serie de reformas a la Ley Federal del Trabajo, entre ellas, se incluyó la prohibición de la subcontratación laboral y la perspectiva de género. A 4 años de estas modificaciones, las trabajadoras en la industria manufacturera continúan laborando jornadas extenuantes, en situaciones altamente precarias y violentas.
En ese sentido, organizaciones civiles se plantaron en el Senado de la República con el informe Reforma laboral: Análisis de una perspectiva de género y de la industria manufacturera publicado por el Círculo Feminista de Análisis Jurídico, en el que participaron diversas colectivas. El objetivo fue concientizar sobre las condiciones laborales de las mujeres en la industria textil pese al “Nuevo Modelo Laboral, 2019”.
Este informe expone que en México, la industria de la moda genera una derrama económica anual de 2.1 billones de pesos y de este total, las compañías manufactureras destinan menos del 4% a los pagos de los empleados, siendo las mujeres, el sector más precarizado en ese contexto.
En el informe de la industria del vestido en México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022), se recoge que, la mayoría de las personas que laboran en este sector son mujeres y además, el 57% de ellas no posee prestaciones laborales, seguridad social, un salario fijo, contrato, vacaciones establecidas y están sujetas a un ambiente hostil en donde son constantemente castigadas y violentadas por el empleador.
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De acuerdo con la organización Círculo Feminista de Análisis Jurídico, existen trabajadoras que laboran jornadas continuas de hasta 18 horas y si cometen algún error en las piezas son castigadas por el empleador quien las multará hasta con dos tercios de su salario diario.
“Mujeres son consideradas mano de obra barata”: la protesta en el Senado
De frente a senadoras de distintos partidos políticos, Ana Velázquez del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, expuso que las mujeres que laboran en este sector son sometidas a jornadas excesivas de hasta 18 horas lo que repercute de manera directa en su salud física y emocional, pues las trabajadoras presentan altos niveles de estrés y ansiedad.
Asimismo, al estar sujetas a una vida sedentaria que les demanda estar casi las 24 horas del día en este espacio, las trabajadoras presentan una tendencia al sobrepeso y obesidad, todo esto, sin mencionar que las instalaciones donde se laboran son altamente inseguras, precarias y sin algunos servicios básicos.
Sobre esta línea, es importante indicar que en nuestro país 3 de cada 10 mujeres no tienen acceso a toallas sanitarias desechables, paralelamente, 3 de cada 10 mujeres reconocieron que en sus trabajos no existe infraestructura para una gestión menstrual, es decir, no cuentan con baño limpio y separado, papel higiénico, agua, jabón, ni productos menstruales gratuitos, señala la Encuesta Nacional de Gestión Menstrual (ENGM).
La activista Ana Velázquez señaló ante el Poder Legislativo que se debía analizar, con urgencia, la viabilidad para que el trabajo de maquila se incluya en el apartado de “labor especial” de la Ley Federal del Trabajo, esto con el objetivo de que las empresas textiles sean reguladas y vigiladas por el estado para asegurar una igualdad de género real, la erradicación de la violencia y la retribución justa por su trabajo.
En el sentido de la vigilancia, también demandó un aumento en el presupuesto de la Secretaría del Trabajo para duplicar la plantilla de inspectores laborales y pudiesen ejercer, particularmente, en la industria de la moda.
A la conversación se unió Alejandra León y Patricia Mercado, ambas del partido MORENA, quienes reconocieron la importancia de trabajar en ello y dar inicio a una metodología que permita conocer las condiciones laborales de este sector, evaluarlo y con base en ello, generar políticas públicas con perspectiva de género.
Las participantes concordaron que, de manera prioritaria, se debía realizar un trabajo legislativo para erradicar la subcontratación, la desigualdad salarial, la violencia laboral y el acoso. Es así, que el compromiso se sintió latente durante la conversación por parte de las senadoras, sin embargo, falta seguir de cerca las acciones inmediatas que se tomarán en los meses siguientes para determinar si realmente se trabajará en este sector de manera prioritaria como se pregonó.
