CIUDAD DE MÉXICO. – Los restos humanos localizados el pasado 31 de mayo en una barranca de la colonia Mirador Escondido, en Zapopan, corresponden con los de las personas desaparecidas de un call center, confirmó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
A través de un breve comunicado, el Gobierno de Jalisco indicó que las pruebas periciales realizadas por el IJCF confirmaron las identidades de las personas que se buscaban.
«Esta información se obtiene luego de practicarse las pruebas periciales a las víctimas localizadas el pasado miércoles 31 de mayo. Por lo tanto, fue hecha del conocimiento de los familiares y se integró a la carpeta de investigación para esclarecer los hechos», indica el documento.
Las autoridades informaron que el operativo de búsqueda y recuperación de indicios que se desplegó en la zona de la barranca donde se localizaron más de 50 bolsas con restos humanos sigue activo y participan más de 200 oficiales de distintas corporaciones.
Sin embargo, hasta el momento no se ha informado cuántos cuerpos se han logrado rescatar en total, si todos han sido identificados y si todos contaban con reporte de desaparición.
Por su parte, este martes el Colectivo Por Amor a Ellxs, integrado por familiares de personas desaparecidas, denunció presunta corrupción en el IJCF para dar celeridad a las pruebas periciales realizadas a los cuerpos de Personas Fallecidas Sin Identificar cuando se trata de casos mediáticos o cuando hay un pago de por medio.
«El personal, cuando hay casos mediáticos o cuando se recibe dinero a modo de pagos irregulares, debe poner en pausa los casos de larga data para dar prioridad a aquellos casos que estén en los medios», indicó el colectivo.
«Por Amor a Ellxs» señaló directamente a un funcionario que trabaja en la Oficina de Contraloría del Instituto y exigieron que el director del IJCF, Gustavo Quezada Esparza intervenga para investigar el caso.
Además, recordaron que este tipo de prácticas retrasa los procesos de identificación en los que se trabajaba con anterioridad, violentando el derecho a la justicia de otras personas.
«Esto va dejando cada vez más atrás las investigaciones de larga data, es decir, que lleven más de un año. Todos los casos y todas las personas son importantes, y todas las familias tenemos el mismo derecho a que se identifique a nuestro familiar. El Instituto debe dar la misma atención a todas las familias, asegurando procesos eficientes y confiables para que todos puedan volver a casa», indicó el colectivo.
En enero de 2022, EL UNIVERSAL documentó los casos de Guadalupe Ayala y Adriana Munguía, que durante casi dos años buscaron pieza por pieza en el IJCF los cuerpos de sus desaparecidos (un hijo y un hermano, respectivamente), porque, a diferencia de lo ocurrido con los cuerpos de las personas del call center, el Instituto no volcó todos sus recursos y trabajó a «marchas forzadas» (como lo solicitó el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz) para identificarlos.
