Juez Federal le retira cargos al haber pacto de reparación de daño, se diluye expediente contra ex director de Petróleos Mexicanos.
Por: Abel Barajas
La Prensa
Sin pagar un solo dólar y gracias a un arreglo previo de Alonso Ancira con el Gobierno, un juez federal resolvió hoy dejar de instruir el proceso por lavado de dinero contra Emilio Lozoya por el Caso Agronitrogenados.
Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal Norte, suspendió en forma condicional el proceso al ex director de Pemex porque estimó que Ancira ya está pagando la reparación del daño en este asunto.
El juzgador aplicó una tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Querétaro, publicada apenas el pasado viernes en el Semanario Judicial, que establece que la celebración de un acuerdo reparatorio por parte de un procesado beneficia al resto de los computados que no lo acordaron.
Este criterio, que no es una jurisprudencia y, por tanto, su aplicación no es obligatoria para los jueces y magistrados, fue planteada en la audiencia de este jueves por Alejandro Rojas Pruneda, abogado del acusado.
El litigante dijo que cuando Ancira salió de la cárcel, el entonces juez de la causa suspendió el proceso en general y nunca especificó que la suspensión condicional del proceso fuera sólo para el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).
El juez concedió el beneficio argumentando que en este asunto existe pluralidad de imputados, se trata de los mismos hechos y el pago de Ancira impacta en forma solidaria en favor de Lozoya.
El 19 de abril de 2021 Ancira salió del Reclusorio Norte luego de que el juez de la causa suspendiera en forma condicional este proceso, tras pactar un acuerdo reparatorio de 216 millones 664 mil 40 dólares a pagar en un plazo de 3 años.
A la fecha, el dueño de Altos Hornos de México ha cubierto 104 millones 166 mil 50 dólares.
La suspensión condicional del proceso no significa que el procedimiento penal haya sido cancelado, porque es un beneficio que está supeditado al pago de la totalidad de la reparación del daño.
Si en algún momento se dejan de pagar las parcialidades pactadas, el juez girará las órdenes de reaprehensión y los imputados volverán a estar procesados.
La gran diferencia es que Lozoya no pagará un solo dólar y la suspensión de su proceso dependerá de los pagos de Ancira. Si éste en algún momento deja de pagar, ambos volverán a ser perseguidos y procesados.
Lozoya, sin embargo, continuará preso en el Reclusorio Norte porque tiene en curso otro proceso por el Caso Odebrecht, en el que está sujeto a la prisión preventiva justificada.
En el Caso Agronitogenados, la FGR acusó a Lozoya de recibir en 2012 un soborno de 3.4 millones de dólares de Ancira, para que al año siguiente facilitara como director de Pemex la compra a AHMSA de la planta «chatarra» del complejo de Pajaritos, Veracruz, por 275 millones de dólares.
Con el pago del supuesto soborno, Lozoya habría pagado su casa de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
Durante la audiencia de este jueves, la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex presentaron un recurso de revocación contra la suspensión condicional del proceso, pero fue rechazado por el juez.
«Solicito que usted garantice la reparación del daño – dijo al juez la apoderada legal de Pemex, Dayrén Zambrano – todavía (Ancira) no ha pagado todo, nosotros todavía no tenemos por satisfecho el acuerdo reparatorio, es un hecho incierto y futuro que se tenga por cumplido de manera integral. Usted también nos está dejando en estado de indefensión porque nos está dejando sin esos 3.4 millones de dólares».
El juez declaró improcedente la revocación de su fallo porque dijo que las autoridades cuestionaron aspectos que no fueron parte de su argumentación, pues nunca dijo que estuviera satisfecho o pagado el acuerdo reparatorio.
La FGR puede apelar la resolución del juez y en caso de que un Tribunal Colegiado de Apelación confirme el fallo, Pemex tendrá la posibilidad de presentar un amparo.
Rechaza Lozoya pagar 20 mdd
Emilio Lozoya rechazó en forma terminante pagar una reparación del daño de 20 millones de dólares por los Casos Agronitrogenados y Odebrecht, para salir de la cárcel, porque dijo que esa nueva oferta seguía siendo una extorsión y la variación de las cantidades parecía de «mercado tropical».
El pasado 18 de julio, Pemex le informó del aumento de 10.7 a 30 millones de dólares en el monto que debía garantizar como reparación del daño para salir de la cárcel, un incremento que el propio Lozoya denunció como una extorsión.
En la audiencia de este jueves, la apoderada legal de Pemex, Dayrén Zambrano, dijo que el pasado martes sostuvieron una reunión con la defensa del ex funcionario para plantearle que la nueva oferta era de 20 millones de dólares, para firmar un acuerdo reparatorio.
«Como dijo mi abogado, ha habido conversaciones, que yo las llamaría extorsiones, primero suben un 200 por ciento el monto, a 30 millones, y luego lo bajan como si fuera un mercado tropical», dijo Lozoya en la audiencia.
«Hay un acuerdo cuando hay voluntades, respecto a peritajes y cifras ciertas, pero como aquí no las hay, no hay acuerdo, sólo quieren utilizar el aparato de Justicia».
Después de la manifestación del acusado, el juez Gerardo Alarcón dio cauce a la audiencia intermedia.
La FGR tomó la palabra y pidió que lo condenaran a 15 años de prisión, imponerle el pago de una multa de 5 mil días de salario, una amonestación y el decomiso de su residencia en Lomas de Bezares, en esta capital.
La defensa respondió que la acusación estaba fundamentada en hechos temerarios y manipulados por la FGR. Atacó varios puntos de la acusación, como el origen ilícito de los 3.4 millones de dólares, dinero que dijo lo pagó AHMSA a Lozoya en un contrato que está documentado con facturas y entregables.
También respondió que no trató de ocultar el destino de estos recursos que la FGR dice que es un soborno, pues la casa que compró en Lomas de Bezares la declaró ante el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de la Función Pública.
El aspecto que, sin embargo, le dio un giro al caso fue cuando el abogado Alejandro Rojas Pruneda planteó un par de incidencias para suspender el proceso.
Primero, planteó que debía cesar la instrucción del procedimiento porque la ley exige una querella de la Procuraduría Fiscal de la Federación como requisito para proceder por el delito de lavado y en este caso sólo había una denuncia de la UIF. El argumento no prosperó.
El segundo planeamiento fue la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Querétaro, que señala que el acuerdo reparatorio de un procesado beneficia al resto de los computados que no lo suscribieron. El argumento fue declarado procedente y se suspendió en forma condicional el proceso.
