El Gobierno de Chiapas afirma que las personas que han huido de Chicomuselo, La Corcordia y Socoltenango son ‘personas en situación de vulnerabilidad’.
Se desconoce la cifra real de personas que han dejado sus hogares en Chiapas por la presencia del crimen organizado.
Por El Financiero
La Prensa
Para el Gobierno de Chiapas, solo son “personas en situación de vulnerabilidad”… Se trata de miles de habitantes de los municipios de Chicomuselo, La Concordia y Socoltenango, quienes este martes cumplen una semana de haber escapado de los cárteles de la droga y las embestidas del Ejército Mexicano.
No hay una cifra oficial del número de personas desplazadas porque la mayoría de ellas buscaron refugio con familiares o en casas particulares, ante el temor de ser perseguidas; sin embargo, aún en esos lugares son amenazadas.
“Llegaron a mi comunidad varias familias de Chejel y Francisco I Madero; se instalaron en algunas casas que están abandonadas, porque acá también hay personas que se han ido huyendo y sus casas están vacías. Pero el sábado vinieron personas del Cártel y las llevaron al domo del pueblo, ahí les dijeron que tenían que tenían que declarar contra el otro grupo… Lo que más enoja es que a 40 metros del domo está un destacamento del Ejército Mexicano, en sus caras se mueven estos grupos”, declaró en entrevista un poblador de Frontera Comalapa.
En un recuento que organizaciones de la sociedad civil han hecho sobre el desplazamiento durante enero se han contabilizado a más de mil 500 familias de unas 20 comunidades.
El Gobierno de Chiapas aseguró que atiende en albergues a 701 personas que “reciben ayuda humanitaria consistente en alimentos, kits de aseo personal y cobijo”.
¿Por qué el Gobierno de Chiapas no las considera personas desplazadas?
Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil, dijo que según la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, a estas personas no se les puede considerar desplazados, sino “personas en situación de vulnerabilidad”.
En entrevista, el funcionario dijo que solo podrían ser consideradas como personas desplazadas si no tienen condiciones para regresar a casa.
Integrantes de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas que acompañan a las personas explicaron que no hay condiciones para que puedan retornar a sus comunidades.
“Tendrían primero que desarticular y desarmar esos grupos, pues si regresan serán las mismas condiciones”, explicó uno de ellos.
Detalló que como parte de la presión hacia la población estos grupos le cortaron a la población el servicio de telefonía e internet. En la región solo funciona el servicio de internet con antenas que los cárteles han colocado.
