Los pobladores demandaron hallar a una familia secuestrada.
Los funcionarios estatales llegaron custodiados por marinos y militares.
Los integrantes del Gobierno de Evelyn Salgado arribaron con despensas y juguetes.
Por Reforma
La Prensa
Pobladores de la comunidad de Ayahualtempa, del Municipio de José Joaquín Herrera, donde armaron a niños ante inseguridad, rechazaron despensas y juguetes que llevaron funcionarios estatales.
«Nosotros no queremos regalos, lo que queremos es que busquen a nuestra gente que se la llevaron Los Ardillos», dijo Luis Morales Rojas, integrante del Consejo Tradicional de Gobierno Nahua.
La directora del Sistema de Protección Integral de Niños y Niñas Adolescentes (Sepina), Xóchitl Sosa Rumbo, arribó a la localidad con 500 despensas, juguetes, ropa y enseres domésticos, lo cual fue rechazado por los habitantes, quienes demandaron diálogo con la Gobernadora Evelyn Salgado y la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Exigieron resultados en la búsqueda de cuatro integrantes de una familia que el grupo criminal de Los Ardillos secuestró desde hace más de dos semanas.
Morales advirtió que si el Gobierno no los localiza, van a seguir armando a niños para que se integren a la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, pese a las amenazas del Secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, de que van a investigarlos y a detenerlos.
La FGE integró una carpeta de investigación contra los policías comunitarios por el delito de corrupción de menores de edad.
De acuerdo con la versión de los habitantes de Ayahualtempa, se tenía previsto que la Gobernadora los visitara y tuviera un diálogo con ellos, pero ya no llegó.
Según las autoridades, canceló su visita porque se opusieron a que instalaran un templete y vallas metálicas para protegerla.
Desde el pasado 18 de enero, hombres armados secuestraron a Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años; su esposo, José Teodoro Domingo, de 52, y a sus hijos Teodoro y Gaudencio Domingo, de 30 y 22 años de edad, respectivamente.
En respuesta a que la FGE no ha logrado localizarlos, los dirigentes de la CRAC-PC y autoridades de Ayahualtempa armaron con rifles de bajo calibre a 15 niños y 5 niñas para formar parte de las filas de las autodefensas.
«Lo que queremos son resultados porque con los cuatro integrantes de una familia que se llevaron recientemente; tenemos a otros nueve que también están desaparecidos desde el 2019», dijo Luis Morales.
«Nosotros estamos dolidos por lo que pasa alrededor de nuestro pueblo y vamos a defendernos como pueblos originarios y si quieren venir a la comunidad a investigarnos, aquí estamos para que vean qué clase de personas somos y es más, los vamos a llevar al campo a trabajar».
Señaló que los niños y adolescentes de estas comunidades se arman porque sólo de esa manera se pueden defender contra la delincuencia organizada porque el Gobierno no lo hace.
«Pero si el Gobierno nos llega aquí para tratar de detenernos, de inmediato la Policía Comunitaria se levanta», advirtió el líder.
Morales acusó que Los Ardillos tienen entre sus filas a niños de 12 y 13 años armados, quienes son usados como halcones en zonas del Municipio de José Joaquín Herrera.
«¿Porqué el Gobierno no hace su trabajo y detiene a esos delincuentes?», reprochó.
«Y a nosotros como pueblos comunitarios, el Gobierno nos investiga y nos quieren detener tratándonos como grupos criminales».
Los funcionarios estatales y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán, que llegaron a Ayahualtempa custodiados por policías, Guardia Nacional y el Ejército, se regresaron a Chilpancingo tras el rechazo de despensas.
«Nosotros no queremos migajas del Gobierno, lo que exigimos es justicia», demandó Morales.
