Por Milenio
La Prensa
Los gobernadores de todo el país presentaron un Amicus Curie en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que se alerta a la presidenta del Alto Tribunal, Norma Piña Hernández, de las consecuencias que traería la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
En el documento que ingresó al buzón judicial de la Corte, también solicitan a la ministra mantener la supremacía constitucional sobre cualquier norma internacional, esto en referencia a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la cual se condenó al Estado mexicano, tras declarar la citada medida cautelar inconvencional.
Los 32 gobernadores coincidieron que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa provocaría un grave impacto en la seguridad pública.
“No podemos dejar de señalar el colapso también de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todos y cada una de las solicitudes de cambios en las medidas cautelares que se tienen por prisión preventiva oficiosa”, agregaron.
Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores indicaron que la restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados graves.
Asimismo, menciona que la figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito.
“Por ello, hacemos un llamado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos, por tanto, la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad de nuestros gobernados”, enfatizaron.
Es de mencionar que la Corte tiene previsto discutir un proyecto que propone no sólo inaplicar la prisión preventiva oficiosa, sino también negar las órdenes de arraigo y que, en los casos donde se denuncie tortura se ordene una investigación independiente en el que no participen las autoridades penitenciarias ni de detención.
En caso de aprobarse la propuesta, ésta tendrá efectos generales, por lo que deberá ser acatada por todos los jueces del país, tanto del fuero común como del federal.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentó a sus homólogos el proyecto en el que se propone la forma en que el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe participar en el cumplimiento de la sentencia condenatoria emitida por la Corte IDH en el caso García Rodríguez y otro contra México.
Pardo Rebolledo deja claro que: “no se puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte IDH, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada y, por ende, lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos”.
