El gobierno de México, a través de las secretarías de Trabajo y Economía hizo este miércoles un llamado al gobierno de Estados Unidos para que las quejas laborales que se presenten al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida “estén debidamente fundamentadas”, además de que se haga un uso adecuado de dicho mecanismo.
El gobierno de México, a través de las secretarías de Trabajo y Economía hizo este miércoles un llamado al gobierno de Estados Unidos para que las quejas laborales que se presenten al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida “estén debidamente fundamentadas”, además de que se haga un uso adecuado de dicho mecanismo.
En un comunicado de prensa, en el que el gobierno de México informó sobre la conclusión de la queja en contra de la empresa Servicios Industriales González (SIG), se determinó “la inexistencia de elementos que pudieran fundamentar transgresiones a la legislación laboral mexicana y una denegación de derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva por parte de SIG”.
La queja número 21, desde que entró en vigor el T-MEC, se presentó bajo el argumento de que había despidos relacionados con actividades sindicales, amenazas de gerentes y trato preferencial hacia otro sindicato, incluyendo acceso exclusivo a las instalaciones.
En respuesta, el 11 de abril, México confirmó su aceptación de revisión; no obstante, no se detectó la denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en las plantas SIG, ubicadas en los municipios de Pesquería, Marín y San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Durante su investigación, el gobierno de México encontró que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Ramo del Transporte en General, la Construcción y sus Servicios (SNTTYC), quien presentó la queja, ni siquiera contaba con la representatividad de las personas trabajadoras de SIG para defender sus intereses.
Asimismo, dicho sindicato proporcionó información incompleta, lo que dificultó la investigación para la STPS, además de que incluyó como trabajador despedido a alguien que continuaba laborando en la empresa.
A diferencia de las congratulaciones a las que hizo referencia el gobierno americano, México señaló que el sindicato pidió 20% del pago de las prestaciones devengadas y de una gratificación económica a uno de los seis trabajadores que ya habían recibido ese pago; además de que la organización sindical desestimó la importancia de las capacitaciones sobre libertad de asociación y negociación colectiva que la STPS quiso brindar a las personas extrabajadoras de la empresa, obstaculizando que se les pudiera dar dicha capacitación durante el periodo de investigación.
