César García Diosdado expresó que se buscan más pruebas para esclarecer lo que ocurrió en la taquería del bulevar Pape
Alexis Massieu
La Prensa
Tras el fallo de vinculación a proceso dictado en contra de Israel y Jesús Rolando “N”, por la agresión en contra de un hombre identificado como Uriel, el abogado de los imputados, Cesar García Diosdado, señaló que lo que sigue, es buscar más pruebas con las cuales esclarecer lo que ocurrió, y presentar algunos recursos legales, sin descartar con ello que este caso se pueda resolver mediante un acuerdo con el afectado.
Tras la celebración de la etapa inicial del proceso, el defensor de los acusados, destacó que lo más importante fue que se obtuvo la libertad de ambos, y que lo del resguardo domiciliario no será para siempre, ya que es una medida cautelar que a futuro se podría revisar, buscando que se les imponga una diferente.
García Diosdado señaló, que la decisión que tomó la jueza que resolvió la vinculación a proceso, es muy respetable, sin embargo, la ley les concede a ellos, el derecho de pedir una revisión mediante el recurso de apelación, dejando en manos de un magistrado, el decidir si esa medida cautelar debe continuar o se tiene que modificar.
Uno de las razones por la que se buscaría la revisión de la medida, es el derecho al trabajo, para que sus clientes puedan obtener ingresos que permitan el sostenimiento de sus familias, quedando acreditado que tanto Israel como Jesús Rolando, son personas con arraigo en esta localidad, y que no representan un peligro para la víctima o testigos, estando en libertad.
Ellos, recordó, son personas conocidas por su altruismo, que tienen sus negocios, y que antes de que ocurriera el lamentable incidente, no conocían a la víctima.
Respecto del delito de tentativa de homicidio por el que se les acusó, señaló que tampoco están de acuerdo, que es algo muy gravoso que buscarán modificar, dado que existen datos que apuntan, a que esa nunca fue su intención, y para lo cual existen varias vías o recursos legales que pueden hacer valer.
Agregó, que hay más pruebas que podrían recabar para demostrar cómo fue que pasaron las cosas, como son testimonios y videograbaciones de cámaras de vigilancia o teléfonos celulares, para lo cual, la jueza les concedió tres meses, tiempo que también servirá para ver la posibilidad de cerrar ese caso mediante un acuerdo con el afectado.
