Enrique Sánchez
Encinas compareció en una audiencia solicitada por la defensa de los militares indiciados como presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes.
Excélsior
En calidad de testigo, compareció ante un juez, este pasado 25 de julio, Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos de Gobernación y expresidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en una audiencia solicitada por la defensa de los militares indiciados como presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes.
De acuerdo con fuentes en el proceso, el hoy coordinador de la Comisión de Transición del próximo gobierno de la Ciudad de México, rechazó haber incurrido en irregularidades al relacionar a los integrantes de Ejército Mexicano con el caso o haber violado su presunción de inocencia tras dar a conocer sus nombres durante la lectura del informe el 18 de agosto de 2022 en Palacio Nacional.
La diligencia del jueves se llevó a cabo de manera remota ante la titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo.
La denuncia ante la Fiscalía General de la República se presentó en noviembre de 2022 por la defensa del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento, Eduardo Mota y el subteniente, Fabián Alejandro Pirita, detenidos en septiembre de ese mismo año.
En el Informe de agosto de 2022 se explicó que un total de 20 militares de diferentes rangos estaban vinculados con el caso Ayotzinapa por participación directa o parcial.
Sobre la audiencia de este día 25, el ex funcionario acusó que “forma parte de la errática estrategia de la defensa que ha pretendido litigar a través de los medios de comunicación este proceso, alentando una campaña de amenazas y acoso judicial”.
Aseveró que no existe precedente, en ningún gobierno democrático, de que un mayor de justicia militar interrogará a un civil que encabezó los trabajos de una Comisión de la Verdad, como tampoco que una dependencia del Ejecutivo Federal, como lo es la Fiscalía General de Justicia Militar, ejerza acciones en contra del titular de otra institución del mismo Poder Ejecutivo, como lo es la Comisión Presidencial por la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
Y es que durante la comparecencia a pregunta expresa de la jueza Duarte Cedillo, el mayor de Justicia Militar Jorge Alfredo Rico Pérez declaró haber iniciado una demanda en su contra en la FGR cuando estaba aún en funciones como Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, “lo que evidenció que el propósito de la promoción de esa audiencia era buscar mi autoincriminación”.
Encinas Rodríguez defendió el papel de la CoVAJ en las investigaciones para sancionar a los responsables de la desaparición y muerte de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos.
