Por Reforma
La Prensa
La iniciativa de reforma judicial, lejos de evitar riesgos de corrupción en el sistema judicial los amplifica, consideró la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite.
Anteriormente comunicó al Gobierno mexicano sus comentarios sobre la iniciativa, que pretende que todos los juzgadores del País, así como el tribunal disciplinario que los vigilará, sean electos por voto popular.
«Las iniciativas propuestas podrían impactar directamente en el funcionamiento de la judicatura al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el cual las consideraciones políticas podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato», expone Satterthwaite en la carta fechada en Ginebra, Suiza.
«Estas preocupaciones se intensificarían en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección judicial que se llevan a cabo en medio de alegaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil».
La relatora destacó que la iniciativa, como fue enviada por el Ejecutivo al Congreso el 5 de febrero pasado, no establece mecanismos independientes para verificar si los candidatos cumplen requisitos de formación, aptitud e integridad, sino que se deja esa función a un órgano político como el Senado.
Tampoco se establece un mínimo de votación popular para que la elección sea válida.
Satterthwaite también cuestionó la remoción de los casi mil 800 jueces y magistrados federales para ser reemplazados por los electos popularmente, la reducción de salarios del personal judicial para ajustarlos a los que determine el Presidente de la República, y la alineación de los periodos de jueces, magistrados y ministros de la Corte con los plazos sexenales.
«Durante los periodos electorales, los votantes podrían ser influenciados por la retórica política y la campaña partidista, lo cual podría llevarlos a alinearse con la selección de un juez que comparta su preferencia política en lugar de una selección basada en la competencia e integridad de los candidatos a jueces», sostuvo.
«La propuesta de facultar al Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar a jueces basándose en criterios vagos como ´cuando sus decisiones no se adhieran a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, así como asuntos determinados por la ley´, es contraria a los estándares internacionales», señaló la relatora, al reprobar que las decisiones de dicho tribunal serían definitivas e inapelables.
La estadounidense Satterthwaite, quien responde al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ya había advertido en abril pasado sobre los constantes ataques verbales de López Obrador contra el Poder Judicial
