Reforma
La reforma al Poder Judicial, como está planteada actualmente, debe ser ajustada para ofrecer certeza jurídica y que no se desincentiven las potenciales inversiones previstas por el nearshoring, demandó el Consejo de Empresas Globales.
Asimismo, manifestó que la reforma judicial puede afectar la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, al vulnerarse el Estado de Derecho y la administración de justicia en el País.
Por ello, la agrupación hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para que tomen «las decisiones más acertadas».
«Nos preocupa que la reforma pueda vulnerar el Estado de Derecho y la administración de justicia en México. La falta de capacidad de los inversionistas para obtener un recurso justo y predecible en el sistema judicial mexicano minaría, entre otras cosas, las conversaciones trilaterales que ya están en curso sobre el T-MEC en 2026», señaló en un posicionamiento el organismo que agrupa a las empresas multinacionales que operan en el País.
«Es fundamental que la reforma no incumpla obligaciones previstas en tratados comerciales internacionales suscritos por México ya que, en todos ellos, el País ha asumido compromisos que le obligan a asegurar un entorno estable y predecible para la inversión, con tribunales imparciales e independientes, procedimientos justos, equitativos y transparentes que eviten costos y demoras irrazonables», argumentó.
El Consejo, que agrupa a unas 60 empresas de presencia global, indicó que también se afectarían otros convenios internacionales, como los tratados con países europeos, el Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico y Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.
Destacó que el actual proyecto de reforma debe cambiarse para dar garantías de independencia judicial y procesos imparciales.
«El actual proyecto de reforma contiene algunos aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones, especialmente ante el creciente fenómeno de relocalización de cadenas productivas», expresó el Consejo este día.
Las empresas globales pidieron que no se limiten constitucionalmente los efectos de las resoluciones y sentencias dictadas en amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y suspensión.
Señalaron que es importante un periodo de implementación razonable que salvaguarde la impartición de justicia y el Estado de Derecho, así como el establecimiento de directrices claras a las entidades federativas sobre el procedimiento de reglamentación de la reforma en el fuero local, evitando así interpretaciones divergentes.
