Mayolo López. Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO 09-Oct-2024 .-Por el registro de vicios en el procedimiento legislativo para su aprobación, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación.
«Estamos convencidos de que esta reforma no mejorará la justicia. Se trata sólo de un intento del oficialismo por controlar al Poder Judicial», argumentó la secretaria general, Carolina Viggiano.
«Requeríamos una reforma de justicia, no una reforma al Poder Judicial. Y durante su aprobación en el Congreso de la Unión se registraron vicios, ya que se realizó con varias irregularidades, entre ellas la violación a dos suspensiones en ese momento».
Viggiano destacó que hubo falta de deliberación pública por parte del poder dictaminador, así como falta de dictaminación y discusión en las entidades federativas.
El dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, advirtió que «tiene que haber una enorme responsabilidad porque la reforma es una locura. No resuelve el tema de justicia. Lastima el equilibrio de poderes, rompe el sistema judicial y vulnera el régimen democrático. Lo que se quiere es que haya certeza, certidumbre, que se pongan a trabajar. Hay que dar resultados en salud, en seguridad».
Aseguró que los legisladores priistas no pueden dejar pasar la oportunidad de dar el debate.
«No podemos dejar de señalar los errores, las inconsistencias, las violaciones a la ley. Quien no respeta una suspensión, comete un delito».
En ese sentido, consideró que cada uno de los órganos jurisdiccionales tiene que ser responsable de que se aplique la ley.
«Tenemos que hacer que respete la ley. Tiene que haber Estado de Derecho. La ley es la ley, y la tienen que respetar»,sostuvo.
La senadora Viggiano expresó su confianza en que la Suprema Corte declare la invalidez de la reforma, ya que, expuso, además de todo, hay una violación al principio de división de poderes, subordina al Poder Judicial a otros poderes y desarticula los ejes rectores del Estado de Derecho en México.