Por Excélsior
La Prensa
La directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), Juana Fuentes Velázquez, realizó un llamado a la comunidad internacional, ante lo que consideró un “golpe de Estado” que se impone con la reforma judicial.
La juzgadora también hizo un llamado, que calificó de urgente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que asuma su compromiso en la defensa de la independencia judicial.
“Ante ese escenario, hacemos un llamado urgente a la SCJN de asumir con responsabilidad histórica la defensa de la independencia judicial, instamos también a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los gobiernos democráticos de todo el mundo a condenar este retroceso democrático, que coloca a México de lado de las autocracias.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no permanecer en silencio a este golpe de Estado, franco y abierto”, afirmó Fuentes Velázquez, en una conferencia realizada este lunes.
La jueza, representante de magistrados y jueces, advirtió que la reforma judicial aprobada por el Congreso y que entró en vigor el pasado 16 de septiembre, pone en riesgo los acuerdos comerciales del país, principalmente el firmado con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.
“Dicho tratado exige que los países miembros mantengan un sistema judicial imparcial e independiente para resolver disputas comerciales; sin embargo, la Reforma Judicial pone en riesgo esos compromisos, debilitando el marco legal que protege los derechos de todas y todos los ciudadanos y los inversores.
“La citada reforma presenta varios impactos preocupantes; en primer lugar, no respeta la alta especialización y competencia de los tribunales actuales en áreas críticas como telecomunicaciones, propiedad intelectual y medio ambiente, lo que puede afectar la capacidad de México para cumplir con sus obligaciones bajo el T-MEC”, afirmó la juzgadora.
Fuentes Velázquez agregó que la elección popular de juzgadores, magistrados y ministros, además de poner en riesgo el desarrollo económico del país, abre la puerta a la intervención de grupos del crimen organizado.
“También creo, en mi opinión, que el debate sobre la elección directa popular de jueces, en estos tiempos, así como la política feroz que se va a ver acá en México, si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual, esa relación depende de la confianza de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México
“Las elecciones, señaladas como directas, también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores intervengan en ellas”, manifestó la directora de la JUFED.
